Por Valentín Varillas
La propia Lydia Cacho, en su cuenta en Twitter, publicó estas contundentes líneas, el 19 de junio de 2019.
Hace más de año y medio.
“Una fuente al interior de la Agencia de Investigación Criminal, me informa: ya localizamos al ex gobernador Mario Marín, sigue en México, pero el Fiscal General no tiene interés en su detención ¿y si usted va por él doña Lydia?”
Este mensaje confirma lo que se ha sabido de sobra, desde hace más de una década: el tema Marín no es, simplemente, un asunto de aplicación de la ley, sino un tema de gran potencial político, electoral y mediático, que podía detonarse cuando llegara el momento en el que pudiera maximizarse su utilidad para el grupo gobernante.
Y ese momento llegó ahora, con la pandemia y sus terribles consecuencias para el país.
Que la opinión pública y publicada le dedique tiempo, espacio y atención a la captura de quien sigue siendo considerado como el villano favorito de la política nacional, en esta coyuntura tan complicada y de cara al proceso electoral más importante para la 4T, es oxígeno puro.
Al inicio de la administración de AMLO, el tema era considerado como importante, más no urgente.
A pesar de que se trataba de uno de los principales pendientes para la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien presionaba insistentemente para que se cumplimenten las órdenes de aprehensión relacionadas con el caso Lydia Cacho.
Sin embargo, los asesores presidenciales y quienes monitorean el día a día de la popularidad e imagen del jefe del ejecutivo federal, recomendaban no quemar un cartucho tan valioso.
Por lo menos no todavía.
Sánchez Cordero tenía un asunto pendiente con su conciencia.
Como ministra de la SCJN, su voto rompió el empate que en ese momento exoneraba al gobernador de Puebla de la violación sistemática de los derechos humanos de Lydia Cacho, durante su captura en Quintana Roo y su traslado a la Ciudad de Puebla.
Lo peor vino cuando la hoy titular de la Segob, fue designada por el propio presidente para leer la disculpa pública que el gobierno mexicano le ofreció, como parte de los miles de víctimas de este delito.
En ese momento, una vez sin efecto los amparos que protegían a Marín, no existía impedimento legal alguno para intensificar su búsqueda, localización y presentación ante la justicia.
Sin embargo, los estrategas del marketing se impusieron y optaron por seguir lo que el Dios mediático dictaba.
Entonces, el presidente y sus asesores decidieron que lo prudente era esperar los tiempos óptimos para maximizar los beneficios de un arresto que tendría amplísima resonancia a nivel nacional e internacional.
Un salvavidas que podría utilizarse cuando existiera un escándalo que involucrara a algún destacado miembro de la nueva élite gobernante, cuando se vieran oscuros nubarrones en el plano económico, o bien, cuando las mediciones registraran una caída brusca en los niveles de aceptación y popularidad del jefe del ejecutivo, que pudieran afectar el desempeño electoral del partido en el poder.
Jamás soñaron siquiera que, le iban a sacar mucho más provecho en medio de una pandemia mundial que, por muchas razones, se ha ensañado de manera particular con México.
