Por Valentín Varillas
El ex presidente municipal de Tepeaca David Huerta, otrora hombre fuerte de aquel municipio, vive hoy sus horas más oscuras.
Y se le viene mucho peor para el 2021 en donde, de entrada, quedará completamente excluido de cualquier injerencia en el proceso de selección de candidatos para el proceso electoral.
No va a poder meter las manos en la designación del candidato a edil, en ninguno de los partidos, alianzas o coaliciones que jugarán en la elección.
Tampoco tendrá derecho de voto o veto en las listas que ya se arman de quienes quieren integrarse al congreso local o bien a la cámara baja del Congreso de la Unión.
Un auténtico paria político.
Y no es para menos.
Su nombre e imagen serían un pesado lastre para cualquier partido o candidato que pretenda ser competitivo el próximo año.
Razones existen de sobra.
La denuncia presentada en su contra, por la Auditoría Superior del Estado, en donde es señalado por desviar 10.7 millones de pesos durante su gestión, ha sido etiquetada como de “altísima prioridad” por este órgano de control.
Van con todo en su contra, porque existen de sobra elementos que comprueban, al margen de cualquier ambigüedad, cómo en sus tiempos de alcalde sangró el erario de su municipio.
Y además, existen fuertes agravios que complican todavía más su realidad.
David Huerta, como delegado estatal del programa federal Prospera, aprovechó su cargo para favorecer en el 2018 a la candidata a la gubernatura Martha Érika Alonso.
Manejado por Juan Carlos Lastiri, quien al final intentó colgarse la medalla de la operación electoral y de recursos de esta instancia del gobierno federal, ante Rafael Moreno Valle, Huerta utilizó para fines políticos la entrega de apoyos a 40 mil beneficiarios del programa.
Haber jugado de esa manera a favor de los intereses electorales del morenovallismo, lo pone en el peor de las realidades posibles en la política actual.
Con una cola enorme de corrupción detrás y con un grupo político hegemónico enfrente, que hará todo lo que esté a su alcance para que ninguna de sus acciones como funcionario público quede impune.
