Por Valentín Varillas
10 mil maestros que imparten inglés en primarias públicas del país y que son parte del programa PRONI (Programa Nacional de Inglés), cobran su salario a través de diversos esquemas de outsourcing.
Esos que el gobierno federal pretende eliminar.
Se trata de “asesores externos especializados en lengua extranjera”, que fueron contratados bajo la figura de honorarios asimilados salarios.
Se recurrió a ellos ante la falta de docentes capacitados para impartir la materia con eficiencia.
Los requisitos para su contratación fueron que tuvieran una licenciatura o estudios superiores en área de enseñanza, educación o pedagogía, además de comprobar el dominio del idioma inglés y entre 30 y 120 horas comprobables en metodología de la enseñanza de la lengua extranjera.
En el cálculo del monto de su pago, se toma en cuenta un tabulador que tiene de referencia indicadores como: salario mínimo general y profesional, la zona geográfica en la que laboran y las variaciones presupuestales en función de los recursos que cada año se le autorizan en el Presupuesto de Egresos de la Federación al PRONI.
Los detalles de la contratación varía por estado.
A unos los contratan como “voluntarios”, otros tienen que presentar una factura o un recibo de honorarios, algunos están en una especie de nómina alterna, la cual firman y tiempo después reciben su dinero.
A una parte de estos docentes les pagan mensualmente.
Otra parte es contratada por períodos que van de los dos a los cuatro meses durante un mismo ciclo escolar, en función del presupuesto autorizado para cada estado por año fiscal.
De alguna manera, se trata de un flexible traje a la medida de las necesidades y de la realidad de cada entidad federativa.
O bien, la única respuesta probable a una enorme desorganización y falta de planeación presupuestal y educativa.
Cualquiera de las dos, no son responsabilidad del docente.
Ahora, con la inminente desaparición de la figura del outsourcing ¿cómo quedarán?
¿Saldrán beneficiados del nuevo esquema o sus ingresos se verán afectados?
Y es que, será la SEP ahora la encargada directa no solo del pago de sus salarios, sino de sus prestaciones legales y del pago de sus respectivos impuestos.
¿Podrán con el paquete?
Porque no solo es el asunto de los maestros pertenecientes al PRONI.
La SEP paga más de 268 millones de pesos directamente a empresas, por diversos servicios de outsourcing.
En total, el gobierno federal gasta más de 4 mil 170 millones de pesos en este concepto.
Prescindir del outsourcing supone una auténtica reingeniería operativa y presupuestal por parte del gobierno de la 4T.
A ver si están a la altura.
