Por Alejandro Mondragón
Ya entró el nervio a la clase política.
Si Andrés Manuel López Obrador procede contra los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, ¿qué impedirá a los gobernadores de Morena, PT y PES seguir el mismo camino?
Hasta el momento, existe una denuncia formalmente ratificada del ex director de Pemex contra los ex mandatarios, en la que incluyó a otro, Carlos Salinas de Gortari.
Y en algunas entidades federativas ya comenzaron procesos contra ex gobernadores. En Morelos, el Congreso del Estado abrió un juicio político contra el ex perredista Graco Ramírez.
En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum trae abiertas carpetas de investigación contra el primer círculo de Miguel Mancera, a quien pronto le llegará el agua a los aparejos.
La pregunta que por supuesto se hace en Puebla:
¿El gobernador Luis Miguel Barbosa meterá a la cárcel al ex gobernador Antonio Gali?
¿Su suerte dependerá de lo que proceda contra Calderón y Peña Nieto de parte de López Obrador?
Todo apunta a que el camino en la lucha contra la corrupción acabará con los ex mandatarios, a los que la 4T les echó el ojo.
La clase política del PRIAN tan lo sabe que no duda en embarrar otros casos de personajes de la 4T, como el propio AMLO y su hermano o recientemente Barbosa con el tema Lozoya, para señalar que “todos somos iguales”.
Dos personajes, en lo que refiere a Puebla, jugarán un papel clave. Ambos de orígenes galistas: Gilberto Higuera Bernal, el fiscal; y Héctor Sánchez, presidente del Tribunal del Poder Judicial.
Para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo, dicen.
