Por Karina Fernández
El secretario de Infraestructura, Daniel Gámez Murillo adelantó que los órganos de fiscalización tendrán proceder por la vía legal contra el ex gobernador Antonio Gali Fayad y ex funcionarios responsables de las irregularidades en obras ejecutadas en la minigubernatura, debido a que la dependencia no tiene la documentación para solventar las observaciones.
Todo esto en relación a las anomalías que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró en la construcción de la línea 3 del metrobús y el bulevar Carmelitas, por gastos que no fueron comprobados por las autoridades encargadas del proyecto.
En entrevista, Gámez Murillo explicó que la falta de documentación acelerará las acciones legales en contra de quienes estuvieron a cargo de estos proyectos por las inconsistencias millonarias que se detectaron en la fiscalización de recursos públicos.
“Hay mucha documentación que falta, hay observaciones que no es posible solventar porque las administraciones pasadas no dejaron la documentación necesaria. Incluso complica más la situación hacia ellas porque a lo que nos lleva es que determinemos las responsabilidades más rápido”, abundó.
Cabe mencionar que estas inconsistencias forman parte de los más de 10 mil millones de pesos que la ASF observó al gasto federalizado 2018 por el entonces gobernador Antonio Gali Fayad.
El funcionario estatal reveló que estas no son las únicas obras auditadas, pues se ha requerido información del resto de proyectos aunque puntualizó que esto no implica que presenten irregularidades sino que tienen que pasar por un proceso de fiscalización necesario.
Agregó que también se tienen detectadas inconsistencias en los contratos que el gobierno de Rafael Moreno Valle celebró para el suministro y mantenimiento del alumbrado público a lo largo del Periférico Ecológico.
“Hubo deficiencias en trabajos técnicos y el mantenimiento no se cumplió de manera completa. En 2017 concluyó el contrato y se entregó un servicio deficiente además de que, desde ese entonces, la inversión ha sido poca”, expuso.
En este sentido, el funcionario estatal dijo que también se ha proporcionado la información necesaria para determinar responsabilidades contra empresas y funcionarios que intervinieron en la contratación y prestación de los servicios, de los cuales se dará información más adelante.
