Por Karina Fernández
El presidente del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla planteó revisar que las reestricciones para la participación de los superdelegados como candidatos a un cargo de elección no atenten contra sus derechos políticos- electorales.
De acuerdo con la iniciativa de reforma constitucional de la diputada federal Claudia Yáñez, los delegados estatales de Programas de Desarrollo que busquen ser candidatos a gobernador, senador o diputado tendrán que renunciar de uno a tres años al cargo antes del proceso electoral.
Al respecto, el morenista avaló la propuesta de su correligionaria aunque se pronunció porque el dictamen que se turne a los Congresos locales, en una eventual aprobación de la Cámara de Diputados, no atente contra los derechos de los ciudadanos.
“Lo vemos bien pero vamos a ver qué implicaciones puede tener en el caso de los derechos político- electorales de los ciudadanos. Esos no vienen a contentillo, son ganados después de muchos años de lucha y no podemos afectarlos en ningún momento”, dijo.
La iniciativa pretende evitar que los superdelegados que están a cargo del manejo de recursos públicos y de padrones de beneficiarios pudieran manipularlos a su favor como aspirantes a un cargo de elección.
Esto tras las investigaciones que realiza la Secretaría de la Función Pública contra 10 superdelegados -incluido Rodrigo Abdala en Puebla- por supuesto uso irregular de programas sociales que habrían utilizado recursos públicos con otros fines.
Al respecto, Biestro Medinilla se pronunció porque se revise que su actuar sea legal, transparente y apegado a los principios, pero también que estas acusaciones no tengan un trasfondo político para manchar la imagen del gobierno federal.
“Siempre estaremos a favor de que se acabe ese esquema de modelo electorero, de usar instituciones pero también se debe revisar que no nada más sean cuestiones políticas que quieran manchar el trabajo que realizan”, dijo.
Cabe mencionar que recientemente la SFP informó que había recibido un total de 102 denuncias contra los superdelegados del bienestar por conductas como usurpación, abuso de funciones, proselitismo y nepotismo, así como por violencia de género.
