Por Alejandro Mondragón
La ruta del dinero que siguen los sabuesos de la 4T al proceso de reconstrucción de vivienda en Puebla, tras el sismo del 2017, va a poner en graves aprietos al entonces secretario de Desarrollo Social, Gerardo Islas Maldonado.
La razón es muy simple: fue el responsable de operar los recursos para nuevas viviendas con fondos estatales, federales y del sector privado.
El gobernador Luis Miguel Barbosa ubicó en 100 millones de pesos el monto de las irregularidades.
¿Cómo se hizo la estafa de la reconstrucción?
Con el respaldo de la figura de Agencias Promotoras de la Vivienda (APV) se creó un fondo para el pago con la aportación del gobierno federal por 120 mil pesos; 30 mil pesos a fondo perdido de la APV Hábitat para la Humanidad; y 40 mil pesos que ofreció el gobierno de Puebla. Todo para edificar una casa digna. Ahora multiplique y sabrá el monto de la transa.
Todo se operó desde la Secretaría de Desarrollo Social en la dirección de la Vivienda, se levantó el padrón de beneficiarios y se definieron las estrategias de ministración de los recursos.
Mientras los gobiernos federal y estatal entraban a la maraña burocrática, en Puebla se constituyó otra APV de nombre DRM para que ahí se manejaran los recursos estatales; es decir, los 40 mil pesos por cada vivienda, aportación local.
En la cuenta de DRM se ordenaron canalizar los depósitos para después sacar el dinero, mediante beneficiarios fantasmas.
Las poblaciones donde nunca llegó la reconstrucción fueron San Miguel Tecuanipa, Tochimilzolco, Xochiltepec y Alpanocan, entre otras.
Por eso, quedó incompleto el programa de reconstrucción, porque nunca se integró el recurso estatal al federal y privado. No alcanzó para las casas, porque se quedaron con el dinero.
¿Actuó solo Gerardo Islas?
¿Quiénes fueron sus cómplices?
Nunca falla: seguir la ruta del dinero.
Y se confirma hoy más que nunca que detrás de un pobre, siempre habrá un gran corrupto.
Todo ya está en manos de los sabuesos de la Cuarta Transformación.
