Por Alejandro Mondragón
El cadáver del famoso “hoyo financiero” fue enterrado en el 2005. Su monto por 2 mil 071 millones de pesos lo causó el morenovallismo en su paso por la Secretaría de Finanzas y Administración en el sexenio de Melquiades Morales Flores.
Y los autores materiales simplemente se ocultaron para después encubrir la responsabilidad, en el lapso de 2011 hasta la fecha.
Ahora reaparecen evidencias sobre quiénes quedaron como corresponsables de esconder el cadáver del “hoyo financiero”.
Ello explica en parte el arribo la semana pasada de la nueva estructura de ex auditores forenses de la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de la Función Pública de Puebla.
Limpiaron la anterior Contraloría, cuya operación estaba en manos de incondicionales de la ex titular Patricia Leal.
En 2005, el gobierno del estado notificó la existencia del mencionado “hoyo financiero” a la Presidencia del Congreso del Estado, encabezada por Rafael Moreno Valle Rosas y Patricia Leal, entonces directora de Apoyo Parlamentario del Poder Legislativo.
Ambos decidieron ocultar a los diputados de aquella época dicha notificación y nunca se subió al pleno el tema.
En la notificación, además de Moreno Valle se mencionaban como responsables a Jorge Aguilar Chedraui, quien manejaba el área presupuestal de Finanzas y Administración, así como a la misma Patricia Leal, directora del Fondo de Desastres Naturales.
Ella contrataba y negociaba el seguro del Fonden e incluso dejó sembrado y sin respaldo presupuestal al programa, amén que pretendió –por instrucciones de Moreno Valle- que el “hoyo financiero” fuera pagado por la administración de Mario Marín.
Ante las irregularidades, en enero del 2006 –dos meses antes de la renuncia de Moreno Valle al PRI para irse de candidato a senador por el PAN- el despacho Deloitte Touche Tohmatsu entregó los resultados de una auditoría de los recursos que recibió el gobierno marinista.
Y concluyó: “el 1 de febrero del 2005 tomó posesión el nuevo gobierno que recibió compromisos financieros del gobierno anterior por 2 mil 071 millones de pesos, integrados sin respaldo financiero en banco por 1 mil 129 millones de pesos y pasivos no reconocidos que corresponden a ejercicios anteriores por 941 millones 694 mil pesos.
“Para cubrir estos compromisos, la administración de la entidad destinó recursos del gasto corriente”, apunta la auditoría.
No hay crimen perfecto.
