Por Valentín Varillas
El proceso legal que se le sigue a Joaquín Guzmán Loera en Estados Unidos, puede arrojar información valiosa para responder a la pregunta de ¿en qué momento se jodió Puebla en materia de seguridad pública y paz social?
Las declaraciones del “El Chapo”, en donde asegura haber pagado millonarios sobornos a autoridades mexicanas del más alto nivel, a cambio de gozar de absoluta impunidad, si bien refuerzan una opinión generalizada que los mexicanos compartimos en términos del perverso maridaje que existe entre delincuentes y gobiernos, al ser emitidas ante una corte norteamericana adquieren una dimensión completamente distinta.
¿Qué tiene que ver esto con Puebla?
Uno de los señalados con mayor frecuencia y contundencia como receptor de estos cochupos es Genaro García Luna, quien se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.
Un personaje aludido en repetidas ocasiones por periodistas mexicanos que han investigado las relaciones inconfesables entre criminales y servidores públicos.
En su lista de incondicionales, de personajes cercanísimos con los que operó esta fallida estrategia de “combate” a la delincuencia se encuentra Facundo Rosas Rosas, el Terminator como lo nombra Anabel Hernández en su libro México en Llamas.
La periodista, en una breve semblanza introductoria, recuerda que Facundo tuvo bajo sus órdenes a Lorena González Hernández, la Comandante Lore , involucrada directamente en el secuestro y homicidio del joven Fernando Martí en el 2008.
Se le relaciona también con otros plagios más cometidos por la organización criminal La Flor.
También lo liga, junto con Luis Cárdenas Palomino y Maribel Cervantes, al ataque a tiros llevado a cabo por doce policías federales en contra de un convoy diplomático de la embajada de Estados Unidos en México, a pesar de que las unidades y placas habían sido identificadas plenamente antes de la emboscada.
Así lo confirmaron en su momento versiones de testigos que laboraban en el centro de mando de Iztapalapa.
Nunca existió una versión oficial creíble de los hechos, pero es muy probable que los agentes norteamericanos investigaban asuntos que podrían afectar los intereses económicos de Genaro Luna y su pandilla a través de estos esquemas de protección oficial a criminales.
Edgar Valdés Villarreal, La Barbie, jefe de sicarios del Cártel de los Beltrán Leyva, declaró en su momento que el entonces presidente Felipe Calderón, a través del propio García Luna y de Juan Camilo Mouriño, desde el inicio mismo de su sexenio, establecieron las bases de los acuerdos con esta y otras organizaciones delictivas.
El pago de sobornos a cambo de protección era la constante.
Y otra vez, en este espinoso asunto, aparece el nombre de Facundo:
“Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), quien cuando menos desde el año 2002, primero en la AFI y luego en la PFP, me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y la delincuencia organizada, al igual que un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito, quien trabajaba con la DEA y me pasaba información; Luis Cárdenas Palomino, Edgar Eusebio Millán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios (PF Colombia), Igor Labastida Calderón, Facundo Rosas Rosas, Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadena, quienes también forman parte y reciben dinero de la delincuencia organizada y de mí”.
A pesar de esto, o tal vez por esto mismo, Rafael Moreno Valle, como gobernador de Puebla, lo invita a encabezar la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Coordina con espantosa ineptitud el operativo de “rescate” de la autopista a Atlixco, tomada por manifestantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan en julio de 2014, en donde es asesinado por policías estatales el niño José Luis Tehuatlie Tamayo.
Sin embargo, el hecho que nos muestra que Facundo vino a Puebla a operar un esquema de amarres con la delincuencia, similar al que llevó a cabo como funcionario federal, fue la detención por elementos del ejército mexicano del director de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Estrada López y del responsable del grupo de Operaciones Especiales, Tomás Mendoza Lozano por brindar protección a las bandas de la delincuencia organizada encargadas del robo de combustible de Pemex.
Tal vez en este revelador hecho, se encuentra la génesis de la infiltración de las instituciones públicas por parte de los criminales.
Aquí, podría estar la respuesta a la realidad complicadísima e inédita que vivimos los poblanos en materia de inseguridad y que parece no tener una pronta solución.
Por cierto, en el libro de Anabel Hernández, ella cuenta cómo la SSP federal se negó a dar información sobre la aplicación de pruebas de confianza al círculo íntimo de Genaro García Luna.
Nunca se supo si las aprobaron, o si siquiera las presentaron.
Es evidente por qué.
Ahora se entiende todo.
Al final, fue Puebla la que se jodió también.
