Por Shanik David
A dos semanas de iniciada la 60 Legislatura se tienen en puerta más reformas para echar atrás diversas leyes e iniciativas impulsadas por el exgobernador Rafael Moreno Valle durante su sexenio.
Por ejemplo, en la sesión del pleno de este miércoles se aprobó una reforma a la Ley Orgánica Municipal con la que se regresó la facultad a los cabildos para nombrar a los alcaldes sustitutos en caso de que el suplente del presidente municipal no asuma el cargo.
Con esto se revocó la disposición legal que permitió que en 2016 el Congreso del Estado nombrara a Luis Banck Serrato como alcalde de Puebla, ante la licencia de José Antonio Gali Fayad.
Además, en comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Administración y Procuración de Justicia, se aprobó la iniciativa presentada por la diputada Tonatzin Fernández para derogar la llamada “ley de expropiación exprés”.
En concreto, se aprobó la derogación del artículo 5 Bis de la Ley de Expropiación, el cual fue anexado en la pasada legislatura para eliminar las audiencia previas a los afectados de expropiación, de modo que sólo se pudieran defender hasta después de que se ejecutara esta acción del gobierno y fueran desposeídos de sus bienes.
Sin embargo, al momento de la votación en comisiones los diputados Marcelo García Almaguer y Rocío García Olmedo votaron en abstención de la misma, pese a lo cual esta fue aprobada y se presentará en la sesión del pleno del próximo lunes.
“Están buscando poner pretextos al trabajo legislativo que estamos haciendo”, afirmó la presidenta de la Comisión de Gobernación, Vianey García Romero, ante las posturas en contra de algunos compañeros.
Además, en la sesión del pleno se presentaron dos iniciativas para revocar otras acciones implementadas por el morenovallismo: la asignación de escoltas a exgobernadores y la privatización del agua.
Por un lado, la diputada Leonor Vargas Gallegos presentó una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad del Estado de Puebla, para eliminar la posibilidad de que los exgobernadores del estado de Puebla puedan tener asignados a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para su resguardo personal.
Además de derogar las disposiciones en dicha ley que permitían que los exmandatarios tuvieran protección personal, se incluyó un artículo transitorio que indica que “las escoltas asignadas a los exgobernadores con base a la anterior integración normativa de la legislación reformada serán reasignados de manera inmediata a las labores que por su experiencia o jerarquía les sean propicias dentro de la Secretaría de Seguridad Pública”.
En contraparte, la diputada planteó que este tipo de seguridad personal se le asigne a reporteros o defensores de derechos humanos que se encuentren en situaciones de riesgo, para lo cual se tendría que hacer una valoración de cada caso.
En cambio, Gabriel Biestro Medinilla presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Medio Ambiente y a la de Asuntos Municipales que se convoquen a foros con organizaciones sociales, académicos, investigadores y asociaciones civiles para generar propuestas para la creación de una nueva ley del agua para el estado de Puebla.
Explicó que sería el primer paso para derogar la ley actual que permite la privatización del servicio, por lo que se busca tener un trabajo cercano con la sociedad para poder generar mecanismos del manejo del agua más sustentables.
La idea es que a partir de las propuestas hechas por los ciudadanos se genere una iniciativa que se presentará en el pleno del Congreso en el transcurso de las próximas semanas.
