Por Shanik David
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Constitución Política del Estado de Puebla que permite que el gobernador o gobernadora rinda protesta ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El recurso quedó registrado con el número 76/2018, según se da cuenta en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y fue presentado por Yeidckol Polvensky Gurwitz en su calidad de secretaria general del CEN.
Además se tiene registrada la acción de inconstitucionalidad 72/2018, presentada por Gabriel Biestro Medinilla, cuando aún estaba al frente del Comité Directivo Estatal (CDE) de Morena.
Aunque los dos recursos fueron acumulados, el 72/2018 fue desechado pues la dirigencia estatal no tiene facultades legales para emprender este tipo de acciones jurídicas.
Con estos recursos, el partido busca impugnar “las reformas a los artículos 57, fracción XXII, y 61, fracción II, así como la adición de un segundo párrafo al 75, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, cuyas reformas fueron publicadas el 15 de agosto de 2018 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla”.
Dicha reforma fue hecha por los diputados de la 59 Legislatura de manera exprés, para permitir que en caso de que no haya condiciones en el Congreso del Estado, el titular del Ejecutivo pueda rendir protesta ante del TSJ.
Y aunque el recurso del CEN ingresó de manera formal hasta el 17 de septiembre, es decir fuera del plazo de 30 días que se tiene para la presentación de acciones de inconstitucionalidad, éste fue admitido y ya está bajo estudio.
Como parte del procedimiento, los ministros solicitaron una opinión consultiva al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), toda vez que el argumento de Morena es que esta reforma va en contra de disposiciones en materia electoral.
La solicitud de la opinión consultiva quedó registrada con el número SUP-OP-5/2018, y tendrá que ser remitida a la Corte en un plazo de 10 días naturales, el cual se vence el 29 de septiembre.
