Por Shanik David
La llamada Ley Bala fue “viciada mediáticamente” por los hechos de Chalchihuapan y la muerte de José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, pero esta disposición legal lo que buscaba era proteger a los ciudadanos ante abusos policíacos.
Esto lo afirmó Francisco Rodríguez Álvarez, exdiputado local, al ser cuestionado sobre la abrogación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, y si bien dijo que respeta la decisión de los nuevos legisladores de aprobar esta decisión de manera exprés señaló que se deben cubrir los vacíos legales que se generen.
Recordó que en 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una recomendación a todos los Estados a generar leyes que regularan la actuación de las fuerzas policíacas, de lo cual, aseguró, derivó la “mal llamada” Ley Bala.
Además, indicó el exdiputado, quien presidió la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso cuando esta ley fue aprobada, que en su momento al propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que ésta era “adecuada”.
Ahora con su abrogación, continuó, se deja “en la indefensión” a los ciudadanos, pues se dejó sin un marco jurídico que establezca sanciones en caso de que los policías cometan abusos en contra de la población.
Ante esto, los legisladores “tienen que hacer un esfuerzo” para regular el uso de la fuerza pública de modo que no se incurra en estas acciones “indiscriminadamente”.
“Sin que haya una ley que la supla estamos en la indefensión” reiteró Rodríguez Álvarez, y mencionó que los diputados tendrán que buscar un nuevo ordenamiento que cubra “de mejor manera” las necesidades que se tienen en este rubro.
Sin embargo, hay que recordar que en dictamen aprobado por los diputados locales en la sesión ordinaria del pasado lunes se establece que la ley quedará abrogada 70 días después de la publicación del decreto en el Periódico Oficial del Estado, y que en ese período las corporaciones de seguridad deben emitir reglamentos de actuación que regulen el uso de la fuerza.
