Por Valentín Varillas
Los alcaldes salientes no solo viven actualmente las inevitables consecuencias de la pérdida del poder político que sugiere el término de sus respectivas administraciones.
Para ellos, viene también el vivir las inminentes secuelas de las acciones que tomaron mientras se desempeñaron como pequeños dictadores en sus diminutos dominios.
Algunos se irán tranquilos, con la satisfacción del deber cumplido.
Los más, tendrán la zozobra natural de haber dejado una enorme estela de damnificados por malas decisiones tomadas en función de acrecentar su ambición de poder o de dinero.
¿Cómo se irá Leo Paisano, por ejemplo?
Aquel que se encargó de dilapidar el poder absoluto que una camarilla de panistas detentaron por cerca de dos décadas en el municipio de San Andrés Cholula.
Juran los enterados que este personaje es de los que, desde hace meses, anda terriblemente nervioso.
Que como se maneja en el argot político: “sabe lo que se comió”.
Y que no es poca cosa.
Que entre los temas que más le preocupan están aquellos pactos inconfesables con los poderes de facto; con los malos, los muy malos.
Que entre ellos está un grupo específico dedicado a la operación de casinos.
Aquellos que en un momento dado, sintieron que habían llegado ya a los acuerdos necesarios para poder operar en ese municipio, el de mayor crecimiento inmobiliario en los últimos años.
Los hermanos Paisano, no únicamente Leo, facilitaron los trámites y permisos necesarios para que dos empresas operadoras de juegos y sorteos: Entretenimiento de México S.A. de C.V. y Producciones Móviles S.A. de C.V, instalaran casinos en Plaza W y en el área de Sonata, ubicada en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis.
Se giraron las órdenes necesarias para que todo caminara sin ningún problema.
La velocidad y eficiencia mostrada por funcionarios y dependencias fue por decir lo menos, atípica.
Se firmaron alegremente “opiniones favorables”, alineamientos y números oficiales, licencias de funcionamiento y uso de suelo, además de que movieron sus influencias para que el Sistema Estatal de Protección Civil otorgara dictámenes favorables a los respectivos inmuebles.
En este contexto, y con la confianza que da la palabra empeñada, sus dueños llevaron a cabo las inversiones necesarias para empezar a operar.
Decenas de millones de pesos fueron destinados para este fin.
Acondicionaron los locales, compraron toda la parafernalia utilizada para este tipo de establecimientos, contrataron y capacitaron personal y se declararon listos para empezar a operar.
Tuvieron todo, absolutamente todo listo en tiempo récord.
Sin embrago, no contaban con la falta de pericia política del edil con el que habían pactado.
Y es que, Paisano y compañía ignoraban que esta casa de juegos era propiedad de un grupo diferente al de algunos panistas incondicionales del gobernador Rafael Moreno Valle, como Luis Alberto Villarreal y Jorge Villalobos, protectores políticos de Juan José Rojas, el zar de los casinos en Monterrey.
La apertura de las casas de juego afectaba una red de intereses de quienes juegan en las grandes ligas de la política nacional.
La negativa desde la oficina principal de Casa Puebla fue rotunda y obligaba a Paisano a echarse para atrás.
Por un asunto básico de jerarquías, los documentos signados y debidamente protocolizados, súbitamente perdieron su valor.
Lo mismo pasó con los acuerdos, promesas y amarres.
Los casinos jamás abrieron y los funcionarios municipales involucrados en el reparto de moches y dádivas dejaron de dar la cara.
Ni siquiera volvieron a tomar las llamadas.
Sobra decir que los afectados por esta falta en el cumplimiento de acuerdos, supuestamente al más alto nivel, no lo tomaron de la mejor manera.
A partir de estos hechos, las ausencias del edil a sus oficinas en Palacio Municipal alcanzaron una frecuencia preocupante.
Es más, el tema duró tanto tiempo que, algunos personajes de toda la confianza del edil tuvieron que tomar las riendas del municipio.
Paralelamente, se le tuvo que habilitar una oficina alterna, de secretísima ubicación, para que atendiera de manera personal aquellos temas que de plano no podía delegar.
A ese lugar ingresaba por una entrada alterna y permanecía muy poco tiempo para evitar así ser ubicado.
“Precaución”-le llamaban los más mesurados.
Lo cierto es que, ya sin el poder que da el cargo, como ciudadano común y corriente, la perspectiva de acciones como ésta cambia de manera radical.
Por si fuera poco, quedan también las consecuencia de la entrega discrecional de contratos de obra pública a cambio de comisiones, el descarado cobro de moches y comisiones a empresarios y la venta de licencias y permisos.
A ver cómo le va.
