Por Alejandro Mondragón
La cuarta transformación en Puebla empieza en el Congreso del Estado con el desmantelamiento del andamiaje legal que soporta el modelo de negocios del morenovallismo.
Y los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, más allá de sus fobias, disponen del aval del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y la estructura nacional de Morena.
No será fácil. En algunos casos requerirán de la mayoría calificada que hoy no tienen para las reformas constitucionales, pero tienen bien armado el mitote. Quien se oponga, será porque algo oculta.
La misma sopa que le dio el morenovallismo al marinismo hace 8 años. A partir del 15 de septiembre comienza lo que podría llamarse el fin de una era de dominación política en Puebla.
La agenda legislativa tiene forma y fondo.
Aquí un adelanto de lo que viene.
La abrogación de la Ley Bala y nuevos protocolos de desempeño de autoridades para enfrentar los feminicidios que conduzcan a una eventual declaración de alerta de violencia de género en Puebla.
Un mando mixto policial que implique la reestructuración de los sistemas de formación y control de confianza con un protocolo de operación por regiones; y un esquema legal de mejora salarial para los agentes.
Reforma legal para facilitar denuncias del delito por internet con seguimiento rápido y sencillo.
Revisar todos los nombramientos del sistema Anticorrupción y de Auditoría Superior para después dotar de nuevas facultades que permitan acceso sin restricciones a la información protegida por el secreto comercial, industrial, bancario, fiduciario, fiscal y bursátil.
Eliminación del fuero, participar en la supervisión de la obra pública e incluir la declaración fiscal íntegra del llamado 3de3 para legisladores y funcionarios públicos.
Impulsar un nuevo Instituto de Transparencia, mediante la revisión de los requisitos de elegibilidad y permanencia de comisionados. Levantar reservas de información y, sobre todo, abrir los candados de los fideicomisos estatales, a efecto de hacer pública la información real de la deuda que hoy esconden las autoridades.
Emitir La Ley de Propaganda Oficial del Estado de Puebla para eliminar el gasto de promoción de gobernantes, garantizar la efectiva libertad de expresión y equidad en la contienda entre actores políticos.
La mayoría legislativa de la coalición Juntos Haremos Historia pretende crear una nueva ley de Austeridad del Gasto Gubernamental para poner fin a viajes en primera clase y cancelar gastos médicos y de vida con seguros privados.
Adecuarán el marco legal al federal contra la privatización del agua, a fin que la rectoría del servicio sea pública y se conformarán consejos de contraloría ciudadana para garantizar su acceso, aprovechamiento y captación del líquido.
El nuevo Congreso detendrá en forma definitiva el otorgamiento de concesiones o contratos de los llamados “Proyectos de la Muerte”.
Se revertirá la reforma que despoja a los municipios de las atribuciones para ejercer el registro civil, policía de proximidad, autoridad de paz y auxiliar del Ministerio Público.
Y se dará marcha atrás al esquema de expropiaciones exprés, así como el otorgamiento de amnistía a los presos políticos, mediante el cierre de carpetas de investigación que se usaron como instrumentos de amenazas contra los disidentes.
Si la tónica de la alianza Por Puebla al Frente será que sus diputados locales abandonen el Pleno cada vez que haya una sesión incómoda, en 10 días se quedan sin nada.
