Por Shanik David
Ante el alza en la incidencia de delitos de alto impacto en Tehuacán, el gobierno del estado emitió un decreto para tomar el control de la seguridad pública en el municipio por tiempo indefinido, anunciaron las autoridades estatales.
Al respecto, el gobernador José Antonio Gali Fayad comparó la situación de Tehuacán con San Martín Texmelucan, municipio en el que se tomaron las riendas de la seguridad pública por la posible infiltración de los cuerpos de seguridad por parte de elementos de grupos de delincuencia organizada.
Y si bien con esto ya serían cuatro municipios bajo el mando de la Secretaria de Seguridad Pública estatal, el mandatario aseguró que se cuentan con elementos suficientes para cubrir estas demarcaciones y el resto del estado.
Sin embargo, comentó que el alcalde Luis Banck Serrato ofreció apoyo a la autoridad estatal, y se dijo dispuesto a comisionar elementos de la policía de la capital a alguno de estos municipios en caso de ser necesario.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Jesús Morales Rodríguez, quien encabezó el operativo en el que participaron además elementos de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal, describió algunas de las anomalías detectadas en el municipio tras la intervención estatal.
Señaló, por ejemplo, que los números de emergencia no estaban conectados al Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI) ni a las oficinas de la policía municipal, y cuando los ciudadanos podían comunicarse para pedir auxilio la atención de estos casos era decidida de manera discrecional por las personas que atendían las llamadas.
Además, se encontró que los juzgados calificadores se excedían en sus funciones, pues al presentarse a un detenido por haber cometido un delito ellos decidían si lo dejaban en libertad sin que fuera llevado ante el Ministerio Público.
A esto se sumó que de 368 elementos de la policía municipal, hasta el mediodía del jueves no se había podido localizar a 113, 50 fueron ubicados durante el operativo en distintos lugares del municipio y 205 fueron llevados a la Academia de Policía estatal para la aplicación de pruebas de control de confianza.
De los elementos evaluados 20 no aprobaron las pruebas por lo que se considera que estas personas usurparon funciones al no cumplir con los requisitos básicos para desempeñarse como policías municipales.
Destaca también que dentro de los uniformados no localizados se encuentran los directores de Seguridad Pública y el de Tránsito Municipal, a quienes se les harán requerimientos para que se apersonen para presentar las pruebas de control de confianza.
Y si bien por el momento sólo se está revisando la posible vinculación de los elementos de la policía municipal con miembros de grupos delictivos, esto no exenta que se investigue además a los demás funcionarios municipales, incluida la alcaldesa Ernestina Fernández, comentó el secretario General de Gobierno, Diórodo Carrasco Altamirano.
