Por Shanik David
De acuerdo con las primeras valoraciones que se han hecho sobre el desarrollo de los comicios del pasado 1 de julio, hay indicios de que hubo fallas en los protocolos de seguridad que se habían diseñado con las autoridades estatales.
A dos semanas de la jornada electoral, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) sigue en proceso de recolección de los informes hechos por los observadores electorales que vigilaron la elección así como de las afectaciones por las balaceras que se dieron en diferentes puntos de la capital.
En este contexto, Jordán Miranda Trejo, consejero de la Junta Local del INE, declaró que “el día de la jornada el 911 estuvo muerto, la policía estatal y municipal nunca se presentaron donde había violencia; del Consejo General se nos dijo que venía la policía federal desde México para reforzar la seguridad, pero la verdad nunca llegó una patrulla de la policía federal a las casillas en los momentos violentos, nunca hubo presencia de ningún nivel de gobierno”.
Por esta razón, insistió en que hubo fallas en los protocolos que se estructuraron, lo que generó sorpresa e indignación al interior del organismo electoral, esto al recordar que en las semanas previas al día de la elección se sostuvieron reuniones constantes con las autoridades de seguridad pública estatal y con los funcionarios del gabinete de seguridad, en las cuales se diseñaron las estrategias y mecanismos para responder a cualquier situación que se presentara.
Los protocolos, describió, implicaban que en caso de que se diera un incidente en las casillas los capacitadores electorales debían informar al supervisor correspondiente, quien a su vez tendría que reportar estos hechos al Consejo Distrital que solicitaría el apoyo de la policía, lo cual “no funcionó”.
“Te puedo decir que fue inédito, en Puebla nunca habíamos vivido este nivel de violencia”, insistió Miranda Trejo.
Incluso dijo que los consejeros quedaron sorprendidos ante la respuesta de los ciudadanos, quienes después de los hechos violentos en las casillas exigían que se les permitiera votar y en algunos casos incluso intentaron detener a los agresores, por lo que consideró que “la ciudadanía tiene un antes y un después de este primero de julio en Puebla”.
Y si bien los informes elaborados por los más de mil 600 observadores electorales que se dieron de alta para participar en los comicios podría servir para tener un panorama más claro de la operación violenta que se vivió el 1 de julio, hasta el momento no se ha podido acceder a ningún reporte.
Esto, explicó, pues los observadores no están obligados legalmente a entregar esta información a la autoridad electoral.
