El nervioso, timorato y espantado candidato del PAN a la diputación, Omar Coyopol, aquel que hizo de la corrupción una institución mientras gobernó San Andrés y que ahora pretende engañar a la opinión pública intentando vestir de complot político un descarado acto de bajeza como girar cheques sin fondos por una cifra que jamás alcanzaría a juntar con un sueldo de edil, ha decidió demandar a Status Diario, a este servidor como su Director General y a Alejandro Mondragón como su Director Editorial.
Todo, con el apoyo de su mediocre dirigencia estatal, esa que aplaudía a rabiar al mismo diario que una semana antes presentó una encuesta que ponía adelante a sus candidatos en tres de los cuatro distritos de la capital.
“Difamación” es el supuesto delito.
El mismo que motivó el aberrante proceso contra Lydia Cacho, ese que tanto indignó al panismo local.
Va.
Sobra decir que la investigación periodística realizada en torno al caso Coyopol es por demás seria, honesta y por supuesto, ajena a cualquier interés de tipo electoral.
Eso, por supuesto, lo demostraremos y con creces en los tribunales, en donde será todo un placer exhibir al demandante.
No se lo pierda.
La Brigada 09 y el voto Switcher
A pesar de que se maneja hasta el cansancio que la elección del próximo 5 de julio será de estructuras debido al alto abstencionismo que se espera, algunos partidos como el PRI, hacen lo posible por captar el siempre atractivo “voto switcher”.
A veces, las tácticas que se utilizan son muy poco ortodoxas.
Para lograr este objetivo, el tricolor lleva a cabo el programa “Al rescate de México: Brigada 09 para Corregir el Rumbo”, que opera y respalda el Frente Juvenil Revolucionario.
Las cabezas visibles de esto son Miguel Ángel Fierro, como operador a nivel estatal y Citlali Ceja García, como operadora en la capital.
Sin embargo, el cerebro detrás de la estrategia es María Luisa Conde, ex directora de Atención Ciudadana de la Oficina del gobernador y candidata suplente por el distrito 12 con cabecera en la capital.
La operación funciona más o menos de esta manera:
Primero se diseña y aplica una encuesta a ciudadanos elegidos de manera aleatoria.
La encuesta es aplicada por jóvenes sin aparente filiación partidista, es decir, jamás se identifican como parte de la estructura de operación electoral del PRI.
A través de esa encuesta no sólo conocen las necesidades específicas de los distritos electorales, sino que además, obtienen información personal de los encuestados: nombre, dirección y teléfono, datos que se integran de inmediato a una valiosísima base de datos que en realidad tiene la intención de convertirse en un concentrado de potenciales afiliados y simpatizantes sujetos a ser movilizados el día de la elección.
A los jóvenes que integran esta estructura paralela se les paga puntualmente sus honorarios, en efectivo y por fuera, para que este dinero no pueda ser fiscalizado por las autoridades electorales correspondientes.
De esta manera se redoblan los “esfuerzos” sobre todo en los 4 distritos de la capital, ahí en donde el PRI ha perdido la ventaja que tenía hasta hace unas semanas.
El problema con la operación de esta brigada es que, en algunos casos estos jóvenes se han salido de control y, en su afán de aplicar la encuesta de marras han caído en excesos como la amenaza e inclusive la agresión de quienes se niegan a contestar.
En un par de casos extremos, los “cachorros” priistas han golpeado y hasta asaltado a quienes han manifestado su oposición a participar en esto.
Claro que las denuncias no se han presentado por miedo a meterse con el “partidazo”.
Lo anterior no puede ser interpretado sino como un signo de desesperación del tricolor para tratar de reponer, aunque sea un poco, el enorme capital político que tenían previo a la elección y que sus candidatos se han encargado de dilapidar.
“Todo se vale con tal de obtener votos” parece ser la consigna.
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