Por Valentín Varillas
La elección del primer domingo de julio no será sólo una prueba de fuego para partidos y candidatos.
Más allá de que estén en juego dos plataformas distintas de gobierno, dos visiones diferentes de la Puebla del futuro, todo el entramado jurídico y legal que hace posible la elección de nuestros representantes por la vía civil, pondrá su credibilidad y eficacia sobre la mesa.
El evidente escenario de una elección cerrada será la prueba de fuego para las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia electoral.
Nunca antes había sucedido así.
La ventaja considerable que históricamente han obtenido los candidatos ganadores no ha puesto a prueba, todavía a la democracia poblana.
En la coyuntura electoral actual se presenta el momento ideal.
Ya es tiempo de saber si la ley electoral local será lo suficientemente efectiva como para resolver los inminentes conflictos que se darán entre partidos políticos.
Veremos también si el Instituto Electoral del Estado y sus flamantes consejeros tienen la capacidad de venderle a la opinión pública que los criterios que aplicaron para dirimir estas diferencias fueron apegados a derecho.
Lo mismo para el hoy tan cuestionable Tribunal Electoral del Estado.
El fondo puede estar bien, pero la forma será muy importante.
El ejemplo más claro de cómo la credibilidad de los órganos electorales puede perderse en un instante, se dio en la elección presidencial de 2006.
Después de la borrachera democrática del 2000 y de la ventaja considerable que tuvo Fox con respecto a Labastida, el IFE fue considerado como la institución nacional de mayor confianza entre los ciudadanos.
Por arriba inclusive de la Iglesia y el ejército.
Seis años después vino la terrible cruda.
Con asombro fuimos testigos de cómo, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que era considerado hasta ese momento como un ejemplo de una democracia que alcanzaba su mayoría de edad, fracasaba monumentalmente al momento de decidir quién había ganado en las urnas.
Un Carlos Ugalde tibio, timorato, miedoso e inseguro, no supo defender mediáticamente la supuesta legalidad del proceso más importante en la historia moderna del país, por lo reñido de la competencia, lo cual fue letal para la confianza y credibilidad el Instituto Federal Electoral y para la legitimidad del entonces presidente.
La sombra de la duda sobre la limpieza de aquellas elecciones sigue vigente en el imaginario colectivo nacional.
Algo así podría pasar en Puebla después de la elección de este año, si las instancias y los tribunales competentes no son escrupulosamente respetuosos de la ley al momento de emitir sus resolutivos.
Al margen de empatías y conveniencias.
Más allá de filias y fobias.
Y es que, tomando en cuenta la manera en la cual se ha desarrollado esta campaña, el proceso electoral tiene amplias posibilidades de resolverse por la vía de la judicialización.
Partidos, candidatos y los infaltables asesores dedican horas y horas a preparar los probables escenarios que podrían enfrentar y la estrategia jurídica que llevarán a cabo en caso de ir abajo en el conteo de votos.
Todo, absolutamente todo, será sujeto de impugnación, lo que significa un enorme reto y una cantidad de trabajo atípica para los organismos encargados de la calificación de la elección.
Congruencia, legalidad y transparencia serán los retos.
El peor escenario para la democracia poblana sería que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corrigiera la plana a las instancias locales y definiera al próximo gobernador del estado.
Entonces se confirmarían muchos dimes y diretes que han cuestionado la imparcialidad de los órganos electorales poblanos.
Esos que hoy, tienen el reto monumental de demostrar independencia y autonomía.
