Por Shanik David
El hecho de que los candidatos al gobierno del estado incluyan en sus discursos de campaña que en caso de llegar a Casa Puebla emitirán la alerta de género pone en evidencia que no saben cómo funciona este mecanismo, comentó Vianeth Rojas Arenas, presidenta del Consejo Ciudadano de Derechos Humanos y Equidad entre Géneros.
La activista recordó que sólo las comisiones de derechos humanos, organizaciones sociales y organismos internacionales tienen la facultad legal de pedir que se emita esta alerta, la cual a su vez sólo puede ser decretada por el gobierno federal, por lo que cualquier afirmación de los candidatos locales es pura “demagogia”.
Sin embargo, dijo que si hay un interés real de parte de los aspirantes al gobierno del estado de atender el tema de la violencia de género en la entidad, lo que podrían hacer en las siete semanas que faltan para la jornada electoral es generar propuestas de acciones concretas que sí pueden cumplir.
Una medida que consideró urgente es incrementar el presupuesto destinado a instituciones que tienen participación en el combate de la violencia de género, ya que hay obras que han costado el triple del presupuesto que ejerce en un año el Instituto Poblano de las Mujeres.
Además, destacó la necesidad de que se hagan diagnósticos puntuales para identificar “desde dónde emana la violencia, o porque las mujeres no denuncian, porqué tenemos el primer lugar en embarazo adolescente” y con esto definir acciones y no “sacarse cosas de la manga”.
Rojas Arenas además coincidió con lo señalado por las organizaciones que han solicitado la alerta de género para Puebla en cuanto a que las acciones tomadas por el gobierno del estado no han sido suficientes, y explicó que esto responde a que la violencia en contra de las mujeres es un problema de antaño.
“Es un tema que por mucho tiempo no se tomó en cuenta, el estado poblano tiene que echarle el doble o el triple de ganas porque sino todo será insuficiente, porque estamos en un momento grave”, puntualizó.
Añadió que este ya es un problema “de salud pública” por lo que es necesario que las autoridades tengan cercanía con las organizaciones para atender la problemática con mejores acciones y recursos.
