Por Shanik David
El hecho de que el gobierno del estado haya tardado seis meses en atender la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la cual se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, pone en evidencia el nivel de importancia que las autoridades le dan a los temas de la comunidad LGBTTTI, lamentó Brahim Zamora Salazar, representante del Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).
Recordó que para atender la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 29/2016 no se tuvieron que hacer reformas o mayores ajustes normativos, sino que sólo se fue necesario hacer un trámite burocrático para notificar a los registros civiles esta determinación, lo cual se hizo hasta mediados de febrero de este año.
“Me parece que es muy grave porque lo que evidencia es el nivel de prioridad que los derechos de las personas LGBTI tienen para el gobierno del estado, no es un tema que les interese, no es una población a la que le estén prestando atención”, criticó el activista.
Además, dada la cronología de los hechos, dijo que pareciera que Diódoro Carrasco Altamirano, secretario General de Gobierno, se había olvidado de girar la notificación de la sentencia de la Corte y fue hasta que en enero se le cuestionó en su comparecencia que tomó acciones al respecto.
Estas omisiones, continuó Zamora Salazar, no sólo se le deben imputar al gobierno del estado, sino que también hay responsabilidad del Congreso, pues no sólo no ha legislado en el tema sino que también hizo todo lo posible para evitar el fallo de la SCJN que decretó la invalidez de los artículos del Código Civil que no permitían los matrimonios o concubinato de personas homosexuales.
“Pareciera que no les importa, lo cual es preocupante porque es sistemático”, añadió Zamora Salazar, al momento de hacer un llamado a que las autoridades den una explicación puntual del por qué el retraso en la notificación de la sentencia de la Corte.
