Por Valentín Varillas
Uno de los movimientos que podrían confirmarse en los próximos días ya en plena coyuntura electoral, es la salida de Víctor Carrancá de la Fiscalía General del Estado.
El relevo, urgente a partir de que el caso Chalchihuapan puso en evidencia el uso faccioso del sistema de procuración de justicia poblano y sería parte de una serie de enroques que se han ensayado en lo más alto del poder político y el servicio público poblanos.
Sí, perfiles que sean de toda la confianza del gobernador Gali y que jueguen en la práctica sus intereses y no los de Moreno Valle, quien por una graciosa concesión, les heredó el cargo por así convenirle a él en lo particular.
De darse el movimiento, el gobernador tiene un solo tirador para la posición.
Se trata de Armando López Aguirre, quien actualmente se desempeña como Consejero jurídico del gobierno estatal y cuya nominación se viene anunciando en círculos políticos prácticamente desde principios de año.
Ya no queda nadie más que pudiera tener los tamaños para llegar a la posición.
Mucho menos ahora, en el marco del desarrollo del proceso de julio próximo, en donde una fiscalía a modo, manejada ahora sí por un auténtico incondicional, resulta de suma importancia para la operación electoral oficial.
Si se concreta lo anterior, sería una prueba adicional de que las relaciones entre Rafael Moreno Valle y el actual gobernador, José Antonio Gali, no pasan por su mejor momento.
Al contrario, en este contexto se demostraría que viven su más bajo histórico.
Carrancá es uno de los perfiles más cercanos de Rafael.
Su permanencia transexenal, comprueba los enormes favores que en su momento prestó a su jefe y amigo.
Como auténtico gatillero a sueldo, Carrancá utilizó la institución para ajustar cuentas con quienes de manera unilateral fueron etiquetados como “enemigos del régimen” y garantizar impunidad absoluta y eterna para los amigos, socios y cómplices.
Y de ese tamaño fue la factura que le pagaron, factura que muy pronto podría de plano expirar.
El otro mensaje, más en el sentido de lo político, sugiere que será el actual mandatario estatal y no su antecesor, quien encabece esa tradicional operación que elección tras elección practican todos los niveles de gobierno a favor de los candidatos que garantizan la continuidad del grupo político al que pertenecen.
Es evidente que existe desde hace años una estructura propia del morenovallismo, que se mueve bajo una lógica particular y que está ahí para defender los intereses electorales de su creado y mecenas.
Esta, actúa de manera paralela a la de los partidos que hoy controlan y su sostenimiento cuesta muchos millones de pesos al mes.
Sin embargo, su capacidad de obtención de votos, sumado al que podrían obtener las instancias formales de estos institutos políticos que van en coalición no parecen ser suficientes para garantizar un triunfo claro en las urnas.
El apoyo económico, político y de suma de votos potencial del gobierno estatal se vuelve entonces fundamental en la definición de ganadores y perdedores y es ahí en donde Gali y su gente parece que llevarán mano.
Además, en el resto de los enroques de perfiles que se darán en lo que quede de la actual administración se buscarán áreas estratégicas que garanticen un cierre sano y evitar cualquier tipo de consecuencia legal o política que pudiera detonarse en caso de su peor escenario (el triunfo de Morena) se concrete.
Por aquello de las malditas dudas…
