Por Shanik David
Mientras que para algunos de los integrantes del Congreso del Estado el tema de la cuenta pública de Eduardo Rivera Pérez no es un asunto cerrado, para otros la sentencia que dictó el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y Juicios Federales en el expediente 943/2017 representa un nuevo revés para el legislativo.
Por un lado, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Carlos Martínez Amador, señaló que, a su parecer, en la sentencia no se hace alguna crítica en contra de la actuación del Congreso del estado, y aunque en ésta se refiere que hubo omisiones y violaciones al debido proceso, el perredista dijo que “no lo ve así”.
Añadió que la sentencia aún no está en firme, y en el área jurídica del Congreso ya se estudia la posibilidad de presentar una impugnación en contra de esta resolución, para lo cual se tiene un plazo de 10 días.
La decisión final de si se presenta o no la impugnación a la sentencia dictada el pasado lunes será tomada por la Junta de Gobierno, por lo que todavía no hay nada claro al respecto, insistió Martínez Amador.
Sin embargo, el también coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se negó a emitir un posicionamiento en relación a cómo una resolución de este tipo puede afectar al Congreso y simplemente insistió que desde el legislativo “seguiremos haciendo lo que nos corresponda”.
Al respecto, Rosalío Zanatta Vidaurri intentó deslindar a la Comisión Inspectora, de la cual forma parte, de las faltas señaladas en la sentencia, argumentando que a este grupo de trabajo sólo le corresponde escuchar y aprobar los informes de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Pese a esto, evitó responsabilizar directamente al órgano fiscalizador de estas faltas y del retraso en la resolución del proceso de Rivera Pérez, al referir que esto se tendría que consultar directamente con el auditor.
Por su parte, el panista Pablo Montiel Solana sentenció que la resolución del amparo de Rivera Pérez sí representa un revés para el Congreso del estado, del cual tienen que hacerse responsables tanto los diputados como el propio titular de la ASE, David Villanueva Lomelí.
Además, continuó, con esto queda en entredicho el actuar del auditor, debido a que en la sentencia el juez señala de manera precisa las deficiencias en la dictaminación de la cuenta pública del exalcalde.
“Lo que el tribunal confirma es que hay errores y vicios en el proceso que son de verdad escandalosos, incluso en la sentencia se señalan algunas cuestiones en donde se hace evidente que el auditor superior se extralimitó”, puntualizó el integrante de la fracción parlamentaria de Acción Nacional.
Montiel Solana subrayó que esta sentencia podría sentar un precedente además que sirva para defender los derechos de otros alcaldes que hayan detectado anomalías en la revisión de sus cuentas públicas.
