Por Shanik David
Para el extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, la falta de una legislación clara en materia de violencia política de género es algo preocupante que se debe atender de manera urgente por parte de los legisladores federales y estatales.
Esto, dijo, pues al incluir este tipo de conductas como delitos electorales se manda un mensaje claro de que las agresiones en contra de las mujeres en el ámbito político es algo “reprochable”.
Indicó que en todo el país se ha dado “una multiplicación de casos que tienen que ver con violencia física, patrimonial y económica en contra de candidatas y aspirantes a cargos de elección popular”, lo cual afecta el desarrollo pleno de los procesos electorales.
Uno de los ejemplos más conocidos, continuó el exfuncionario federal, es el de Ruth Zarate, regidora que ha sido objeto de agresiones “claramente misoginas” por parte del alcalde de Tecamachalco Inés Saturnino López Ponce.
Y aunque han habido reformas en materia administrativa a nivel nacional y, en el caso de Puebla, se emitió un manual para la atención de este tipo de ataques en contra de las mujeres, Nieto Castillo dijo que estas medidas, aunque positivas, no son suficientes.
“Es importante que esto quede tipificado a nivel de delito electoral (…) seguimos con un adeudo para convertir estas conductas en un tipo penal que permita combatir con mayor eficacia estas conductas que afectan al sistema democrático en el país”, añadió.
Incluso, dijo que la impunidad de delitos electorales, como fue el caso de Odebrecht es uno de los factores que influyen en que México se encuentre en la posición 140 de 180 países en el mundo en cuanto al combate a la corrupción.
