Por Shanik David
Fue desde el 3 de enero de 2017 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio por cumplida la recomendación 2VG/2014 emitida al gobierno del estado de Puebla por los hechos suscitados en San Bernardino Chalchiuhapan el 9 de julio de 2014, donde perdió la vida José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo durante un enfrentamiento entre policías estatales y manifestantes.
La declaratoria de cumplimiento, la cual se encuentra detallada en portal del Informe de Actividades del ombudsman Luis Raúl González Pérez, ha generado críticas por diversos actores sociales y políticos, quienes consideran que el gobierno del estado no ha implementado las acciones contenidas en las 11 recomendaciones, las cuales fueron emitidas el 9 de septiembre de 2014.
Sin embargo, en el reporte de seguimiento de cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH, se presenta un listado de los informes presentados por la administración estatal con base a los que el organismo federal determinó el acatamiento del pliego por violaciones graves a los derechos humanos.
Uno de los puntos que más llama la atención es la ambigüedad con la que se hace referencia al cumplimiento de la primera recomendación, en la cual se pedía que se iniciaran procedimientos de responsabilidades en contra del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, y los demás funcionarios que tuvieron que ver con el operativo.
Al respecto sólo se indica que se acreditó la apertura de los expedientes correspondientes por parte de la Secretaría de la Contraloría del estado “mismo que fue resuelto en su oportunidad, cuyas resoluciones quedaron firmes el 3, 7 de julio y 10 de septiembre de 2015, el 7 de enero y 29 de febrero de 2016”, pero sin que se informe de manera puntual cuál fue la resolución al respecto.
En cuanto hace a las sanciones a los servidores públicos vinculados con el caso, se puntualiza que se abrieron procedimientos de investigación en contra de 426 servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, pero que de éstos sólo 10 fueron sancionados por tenerse pruebas concretas de su responsabilidad.
En el desarrollo del estudio del caso, continúa el reporte, se iniciaron procesos de determinación de responsabilidades administrativas a seis funcionarios más “sustanciándose respecto de tres, siendo la conducta imputada ‘el empleo de manera excesiva y negligente de la fuerza pública’”.
Adicionalmente, se informa que por parte de la entonces Procuraduría General del Justicia (PGJ) se sancionaron a cuatro agentes del ministerio público con amonestaciones públicas -en un caso con la suspensión del cargo por 15 días-, así como al jefe del Grupo Policía Ministerial y a un Agente Ministerial con suspensiones del cargo por dos semanas.
Otra de las recomendaciones fue la creación de la Fiscalía Especializada para el Esclarecimiento de los Hechos del Caso Chalchihuapan, la cual debía investigar a profundidad los hechos; de acuerdo con el reporte enviado por el propio gobierno del estado, este organismo realizó numerosas diligencias a la comunidad, entrevistándose con los pobladores en la medida de lo posible, pues “prevalece la desconfianza hacia la presencia de la autoridad”.
Pese a estos trabajos, el último informe presentado fue el 19 de septiembre de 2015, donde se reportó a la CNDH que “conforme con las diligencias hasta el momento practicadas, aún no se está en condiciones de definir la existencia o no de elementos de prueba suficientes para establecer, procesalmente, el carácter de indiciado o de probable responsable de persona alguna en los hechos investigados”, además que debido al tipo de investigación no se podía tener un estimado acerca de cuándo se podría concluir el proceso.
Esa es la última notificación difundida por la Comisión, por lo que se desconoce qué ha pasado en los últimos dos años con estas investigaciones.
También se estableció la necesidad de reparar el daño a las victimas del enfrentamiento con base a lo que establecen los estándares internacionales en la materia así como la Ley General de Victimas.
En este sentido, en el informe de la CNDH se detallan los diversos oficios presentados por el gobierno del estado en los que se notifica el avance en la entrega de los cheques e indemnizaciones a las víctimas, destacando que hasta el 10 de abril de 2015 ya se habían dado estos apoyos a siete de los afectados identificados en la recomendación pero que Elia Tamayo Montes, madre de José Luis Alberto, todavía no aceptaba los recursos.
Para el 9 de septiembre de 2015, por medio del oficio PGJP/FECH/0381/2015, se notificó que como parte de diligencias hechas por la Fiscalia Especializada, quienes lograron entablar pláticas con los líderes de la comunidad, se entregaron todos los cheques a todas las víctimas “por concepto de reparación del daño”.
“Hasta la fecha, ninguna de las personas que recibieron la correspondiente indemnización ha formulado inconformidad alguna”, se puntualiza en el reporte de la CNDH, sin clarificar si en dicha entrega se incluyó a Elia Tamayo Montes.
Destaca que aunque uno de los puntos centrales de la recomendación fue la exigencia de una disculpa pública a los afectados, en el reporte publicado en el portal de la CNDH sólo se hace mención del primer evento de disculpa que se llevó a cabo a puerta cerrada, el cual no fue considerado como válido.
Posteriormente, se cita en el informe, el 9 de septiembre de 2015 “el Fiscal Especializado para el Esclarecimiento de los Hechos del Caso Chalchihuapan informó que solicitó que se programara una reunión de trabajo en la que se puedan discutir algunos aspectos de la planeación y organización del evento de disculpa pública”, sin que se haga mención del acto que se llevó a cabo el 23 de marzo de 2016 donde al fin se cumplió con este requerimiento.
En cuanto a la implementación de mecanismos para la atención de demandas colectivas, el gobierno del estado creó la Dirección General de Atención Ciudadana y a las Organizaciones Sociales, así como el Protocolo para la búsqueda de soluciones pacíficas el dialogo y el respeto a los derechos humanos.
También se notificó la capacitación de los policías en temas de derechos humanos y “control de multitudes en disturbios”, y la compra de equipos de vídeo para el registro de los operativos en los que participen los elementos policíacos.
