Por Shanik David
Aunque en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado se faculta a los diputados para llamar a comparecer a los funcionarios públicos encargadas de áreas de interés social para que rindan cuentas de manera periódica ante el pleno, los actuales legisladores han mantenido una postura pasiva al respecto lo cual incluso podría implica una falta de interés de su parte.
Esta es una de las conclusiones incluidas en el Reporte Legislativo 2016-2017 elaborado por Integralia Consultores y la Universidad Popular Autónona del Estado de Puebla (UPAEP), en donde se apunta que los integrantes del gabinete estatal sólo son llamados a cuentas en el marco de la glosa del informe del titular del ejecutivo, pero que tomando en cuenta el contexto de inseguridad y pobreza que se vive en la actualidad seria necesario que hubiera mayores ejercicios de rendición de cuentas.
“Se cuestiona la facultad del poder legislativo poblano […] y que en todo el periodo analizado no se haya llamado a comparecer ni una sola vez (a excepción de las comparecencias anuales que son reglamentarias), al Secretario de Seguridad Pública, al de Trabajo y Desarrollo Económico del Estado y/o de los municipios, o bien a los Regidores” se indica en el documento presentado este lunes.
Y aunque también está la posibilidad de que los funcionarios comparezcan en las comisiones, en el período analizado para el reporte -que abarca de julio de 2016 a agosto de 2017- las únicas comparecencias hechas en los grupos de trabajo fueron las relativas a los procesos de selección de los integrantes del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y los miembros de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Por esta razón, se señala que “llama la atención la pasividad de los legisladores mostrada ante el deterioro de la seguridad en el Estado”, por la falta de llamados a los funcionarios para que aclaren la situación.
Ante este escenario, en el informe se recomienda la realización de más comparecencias con los servidores públicos para discutir asuntos de interés social, analizar problemas que aquejan al estado, solicitarles información o incluso estudiar en conjunto proyectos de leyes.
