Por Valentín Varillas
Una exhaustiva, pero secretísima investigación que lleva a cabo la Secretaría de la Contraloría, pretende encontrar el destino final de más de 32 millones de pesos de recursos federales entregados a la Secretaría de Educación Pública del gobierno del estado de Puebla y que no han sido soportados en los hechos, ni con entregas de materiales, ni con servicios presuntamente otorgados.
Los movimientos, de acuerdo con el soporte documental, se habrían llevado a cabo a través de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD), cuyos titulares no reportaron haber recibido ningún dinero de la Federación.
Es decir, desde la dependencia que encabeza Patricia Vázquez del Mercado se ha gastado, en completa opacidad y para fines desconocidos, recursos millonarios que corresponden a programas federales.
Los creadores y operadores de semejante estrategia han utilizado el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP) como pantalla, ya que se pretende justificar mediante convenios de colaboración SEP-IEDEP-Proveedor, el ejercicio de los 32 millones, entre los años 2014, 2015 y 2016, de cuya aplicación de programas no existe físicamente ningún “entregable”.
Los productos y servicios pactados jamás se proveyeron y aparecen sólo en los convenios.
Y lo peor, los proveedores que figuran en la lista en poder de quien esto escribe, no cuentan con actas constitutivas, las empresas fueron creadas prácticamente en las mismas fechas en las que recibieron los contratos y con el claro propósito de desaparecer el dinero y no ejecutar programa alguno.
La gran incógnita es ¿para qué o para beneficio de quién (es), se desviaron esos recursos de la federación?
El tema no es menor.
Y es que, según quienes conocen las entrañas priistas, el actual Secretario de Educación Pública federal, Aurelio Nuño, es quién coordinará la campaña presidencial de José Antonio Meade, por lo que sus días en la dependencia estarían contados.
Nuño ha sido, en los hechos, un auténtico protector de la secretaria Vázquez del Mercado, quien jugó sus cartas de operación a favor del proyecto político de su par federal.
Ahora, como diría el clásico: ¿quién podrá defenderla?
Apenas el viernes anterior, el gobernador del estado, José Antonio Gali, refrendó el compromiso de su administración con el combate a la corrupción.
Aseguró ante medios de comunicación que esta tarea era responsabilidad compartida de gobierno y sociedad y que él cumpliría su parte a cabalidad.
Valga esta historia para empezar con el pie derecho aquello de la congruencia entre el decir y el hacer.
¿No cree?
