Por Shanik David
Para 2016, el gobierno del estado etiquetó un presupuesto de 600 mil pesos para cuestiones relacionadas con comunicación social y promoción; para el cierre del año el gasto en este rubro superó los 60 millones 900 mil pesos.
Esto significa que durante el último año de gobierno de Rafael Moreno Valle, la administración estatal excedió su gasto en promoción en un ocho mil 648 por ciento, reportó el Instituto Mexicano para la Competitividad dentro del Índice de Información del Ejercicio del Gasto; pese a esto, Puebla estuvo entre los cinco estados que menos recursos ejercieron durante 2016 en este rubro.
Esta cifra pone a Puebla como el estado que más superó el presupuesto para comunicación social, quedando en segundo lugar Zacatecas que se excedió en un dos mil 818 por ciento.
En general, Puebla obtuvo un puntaje de 81.3 en una escala de 100 dentro del indicador, con lo que fue el tercer estado mejor evaluado, por debajo de Tabasco y Campeche, aunque presentó deficiencias en cuanto a la información contenida en los estados analíticos trimestrales de ingresos y egresos.
Un punto que llama la atención del análisis hecho por el IMCO es que si bien Puebla tuvo ingresos 26 por ciento mayores a los que se habían aprobado a principios de año, esto se debió al aumento en las participaciones federales, pues la recaudación por impuestos locales sólo fue 12 por ciento más elevada que lo presupuestado.
Además se indica que “a pesar de que la Ley de Disciplina Financiera establece candados para el destino de los ingresos excedentes, al día de hoy, solo son aplicables a 11 entidades federativas”, y Puebla no es uno de estos estados, por lo que no se tiene claridad de en qué se gastó el dinero extra de 2016.
También se indica que se gastó el 23 por ciento más de lo que se tenía etiquetado para el ejercicio fiscal, siendo el séptimo estado que más superó su presupuesto anual.
Estos recursos fueron usados principalmente para cuestiones burocráticas (17 por ciento más), y para el sector salud y educativo (18 y 16 por ciento adicional, respectivamente), mientras que en obras de infraestructura se redujo el gasto en un 11 por ciento y en labores de impartición de justicia se gastó tres por ciento menos de lo estimado.
