Por Shanik David
Con sólo una sesión de la Comisión de Transporte y Movilidad para discutir la iniciativa que presentó el gobernador José Antonio Gali Fayad para regular a los servicios de taxi ejecutivo, los diputados locales aprobaron el dictamen de la reforma a la Ley de Transporte que se presentará este martes en el pleno legislativo.
La propuesta hecha por el ejecutivo estatal sólo sufrió una modificación en relación al acceso que tendrán las autoridades a las información de las Empresas de Redes de Transporte (ERT), pues originalmente se había dejado de manera discrecional cuándo se podrían revisar los reportes de viajes de los usuarios.
El resto de la iniciativa, que incluye cuestiones como el requisito de licencias de servicio mercantil para los chóferes de plataformas como Uber y Cabify, así como la necesidad que que presenten de manera semestral sus cartas de antecedentes no penales quedaron en firme (https://www.statuspuebla.com.mx/2017/10/25/aumentan-requisitos-para-taxis-ejecutivos-y-operdores/).
Pese a este incremento en los requisitos para los conductores de este servicio, el subsecretario de Transportes, Alberto Vivas Arroyo, reconoció que no se tiene previsto cuánto tiempo se le dará a los chóferes para cumplir con esto, o incluso si se aplicaría de manera retroactiva a quienes ya cuentan con la autorización correspondiente para operar.
El funcionario estatal simplemente refirió que este asunto “se discutirá más adelante” cuando la reforma entre en vigor, pero sin precisar cómo se atendería esta situación con los socios de estas plataformas.
El único ajuste que se hizo a la iniciativa, que ingresó a penas el pasado miércoles al pleno legislativo, refiere a la fracción VI del artículo 92 Quáter, en el cual se detallan las obligaciones que deben cumplir las ERT para poder operar en la entidad, el cual indicaba originalmente que deberá permitir a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte “acceso a las tecnologías de teléfonos inteligentes, sistemas de posicionamiento global y plataformas tecnológicas que utilicen para la prestación del servicio” para vigilar la seguridad de los usuarios y conductores, a lo cual se agregó que se ejercerá esta facultad sólo “cuando lo requiera la autoridad competente en razón de seguridad e investigación”.
Al respecto, Vivas Arroyo explicó que la idea es que, en caso de que se den escenarios en los cuales sea necesario revisar los servicios dados por un determinado chófer esto se pueda hacer de manera automática sin necesidad de recurrir primero a los directivos de las empresas, pues dijo que en ocasiones se niegan a proporcionar esta información.
Por esta razón, se detallarán los procedimientos puntuales que se deberán seguir para poder ejercer esta nueva facultad que daría la Ley de Transportes, siempre y cuando se traten de investigaciones y procesos judiciales.
