Por Shanik David
Al señalar el caso de Rafael Moreno Valle como un ejemplo de los gobernantes que, abusando de los vacíos de las leyes en materia electoral, difunden su imagen fuera de las demarcaciones territoriales en las que ejercen sus facultades, el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ramón Bañales Arámbula presentó una iniciativa en la Cámara Baja para reformar la Constitución y limitar la publicidad de las autoridades.
En concreto, el priista busca que se anexe un párrafo al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que indique: “los gobernadores de los estados, el jefe del gobierno de la Ciudad de México, los presidentes municipales y los miembros de los ayuntamientos, en ningún caso podrán contratar publicidad gubernamental o propaganda política, fuera del ámbito territorial de su demarcación, aun la de carácter institucional y con fines informativos, educativos o de orientación social ni aquella que sea presentada como información periodística o noticiosa”.
Para justificar su propuesta, el legislador explica que si bien es una obligación de todas las autoridades rendir cuentas de las labores que desempeñen, hay casos en que se aprovecha de esto para promocionar su imagen personal de una forma disfrazada.
“Abusando de esta obligación y prerrogativa constitucional, se utilizan recursos públicos de los rubros de comunicación social, publicidad estratégica y demás temas afines, no para dar cuentas sobre el estado de la administración sino para publicitarse abiertamente en entidades federativas en las que pudiera existir un eventual interés político-electoral o para posicionar favorablemente al partido político de pertenencia”, señala el diputado.
Como ejemplo de esto último, menciona como hace unos meses se difundieron promocionales del exgobernador Moreno Valle en lugares como la Ciudad de México, Jalisco y otros estados, con un recuento de los logros de su administración, bajo un argumento de interés noticioso.
Y aunque el tema llegó hasta las instancias jurisdiccionales en la materia, como es el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en particular la portada de la revista Esquire donde aparecía promocionando la inauguración de la planta de Audi en San José Chiapa, no se encontró ninguna actuación incorrecta de su parte, cita Bañales Arámbula.
Si bien hay criterios constitucionales y electorales que establecen líneas claras acerca de la publicidad oficial -como es el hecho de que “la propaganda gubernamental se debe circunscribir a la labor realizada por cada una de las dependencias e instituciones de la administración pública y no a la de sus dirigentes”-, el priista considera “imperativo” que se ajuste la Constitución para desde ahí establecer las restricciones necesarias a la promoción de los funcionarios públicos.
La idea, insiste en el punto de acuerdo, es que se restrinja la posibilidad de que los gobernantes aprovechen sus informes de labores o acciones gubernamentales para promocionarse fuera de sus estados, pues esto podría tener una intención electoral a futuro.
