Por Shanik David
Pese a que hace cerca de dos años Irma Gómez Castañeda presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos de los Universitarios por acoso sexual en contra del entonces director de la Facultad de Veterinaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Buap), Lorenzo Carreón Luna, a lo cual ya se sumó una denuncia penal e incluso un recurso de amparo ingresado este año, el tema sigue impune, y sólo ella ha tenido que pagar el costo de esta querella.
Desde agosto de 2014, cuando comenzó a sufrir las “bromas pesadas”, que se convirtieron en proposiciones sexuales y amenazas -razón por la cual tardó meses en denunciar- a la fecha, la especialista en veterinaria pasó de ser la coordinadora del hospital de la facultad, a ser la supervisora de que los estudiantes llegaran con el uniforme completo y zapatos limpios a quedarse sin empleo; su acosador, en cambio, sigue empleado en la Buap.
Para denunciar a Carreón Luna presentó oficios a la oficina de la abogada general y uno dirigido directamente al rector Alfonso Esparza Ortiz, los cuales fueron archivados sin siquiera darle trámite; y aunque también presentó grabaciones en las que se escucha al director académico amenazarla, estas no fueron tomadas en cuenta por parte de las autoridades universitarias.
“No sé qué más pruebas quieren las autoridades para tomar cartas en el asunto”, lamentó Gómez Castañeda, al indicar que el hecho de que su acosador siga laborando en la universidad representa un riesgo para las trabajadoras y las estudiantes.
“¿Cómo es posible que la Buap a pesar de estas denuncias, a pesar de que dirigí un documento personalmente a Alfonso Esparza fuera ignorada?, lo sellaron y lo firmaron y aún así dijeron que no era cierto y al final de cuentas yo tuve que abondar esa fuente de ingresos porque no accedí a los instintos de ese depredador”, puntualizó.
Es más, comentó que la semana pasada le llegó información de que al menos cuatro trabajadoras de la facultad ya han sido cambiadas de sitio de trabajo por no haber accedido a los avances de este personaje, tal y como le pasó a ella.
“No es que sea más valiente, es que ya estoy harta”, añadió la veterinaria, al apuntar que tanto ella como su familia han sufrido amenazas y hostigamiento desde que presentó la primera denuncia, por lo que teme por la seguridad de sus hijos.
“¿Necesitamos ser violadas, ser muertas para que realmente la sociedad voltee a nosotras y vean que sí está pasando algo?”, cuestionó.
Y aunque el tema ya se encuentra en los juzgados federales, ante los cuales presentó un recurso de amparo por las omisiones incurridas por las autoridades universitarias, éste todavía no se resuelve pues apenas se llevará a cabo la audiencia constitucional, explicó su abogada Jaqueline Jiménez.
Dentro del juicio la universidad sigue buscando formas de evadir su responsabilidad, pues se han declarado incompetentes para sancionar casos de este tipo pese a que cuentan con reglamentos y procedimientos internos, añadió la representante legal.
También se presentó una queja ante la Fiscalía General del Estado, a la cual se le dio carpetazo, por lo que Jiménez consideró que “el hecho de que los acosadores queden impunes perjudica a las mujeres”, además de que fomenta el que no se denuncie cuando se dan este tipo de conductas.
La abogada indicó que se está a la espera de que se resuelva el amparo para determinar el siguiente camino que se tomará pues se busca primero agotar las instancias correspondientes para exigir que se haga justicia en este asunto.
