Por Shanik David
El Instituto Estatal Electoral (IEE) busca replicar el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra de las Mujeres de cara al proceso electoral, esto dada la alta cantidad de candidatas que participarán en la contienda de 2018.
Esta decisión se tomó luego de que el Congreso del Estado optó por no aprobar las iniciativas que se presentaron entre junio y julio para considerar los ataques hacia mujeres en el ámbito político como delitos penados, tanto por las leyes en materia electoral como las vigentes para la protección de la población femenina.
En vez de tipificar estas actitudes -negativa que se justificó bajo el argumento de que no existe una legislación similar a nivel federal- los diputados decidieron emitir solamente un exhorto para que sea el IEE el que tome cartas en el asunto.
Al respecto, el presidente del consejo general, Jacinto Herrera Serrallonga, indicó que ya se tuvieron las primeras pláticas con Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), pues este organismo federal tiene facultades para responder ante este tipo de hechos.
Explicó que la idea sería que a nivel local se firme un protocolo similar al que tienen organismos nacionales como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional de las Mujeres, la Fiscalía especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas y la Fepade.
Lo que se busca, continuó el funcionario electoral, es que “los actores políticos, de cara al proceso electoral que comienza en noviembre, sepan cuál es la ruta para poder deunciar este tipo de delitos”.
Sin embargo, reconoció que aunque el acuerdo del Congreso le pide al IEE que defina los mecanismos de sanción este es uno de los obstáculos que se han topado, debido a que dentro de las facultades del organismo electoral no se incluyen este tipo de medidas.
Ante esto se analiza que tal vez las denuncias se puedan manejar bajo procesos especiales sancionadores, pero dado que todavía falta que se sostengan reuniones con otros organismos que podría tener participación en el protocolo, como el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, este tipo de mecanismos se definirán en las próximas semanas.
Herrera Serrallonga indicó que se estima que será para antes de que inicie el proceso electoral -el cual arranca en los primeros días de noviembre- que ya se tengan definidos estos lineamientos, aunque no hay una fecha fatal para la firma del acuerdo.
