Por Shanik David
Aunque fue a mediados de junio cuando los diputados locales acordaron solicitar al Congreso de la Unión que se revisara la operación del sistema penal acusatorio y el listado de los delitos considerados como no graves, fue hasta este miércoles cuando el oficio ingresó de manera formal al pleno legislativo.
En el documento, que tiene fecha de recepción del 28 de julio, los legisladores poblanos apuntan que si bien la transición del sistema penal ha ocasionado mejoras en cuestiones como la presunción de inocencia y la búsqueda de métodos alternativos de resolución de conflictos, también se ha generado una mala percepción entre los ciudadanos.
Entre estos, se detalla, está el que se considera “que resulta más favorable para los delincuentes que para las víctimas e incluso lo perciben como una posible causa del incremento de la inseguridad, mermando la confianza en las instituciones”.
Con estos argumentos, se pide a los diputados federales y senadores revisiones concretas del sistema penal, siendo uno de los puntos más importantes el análisis del listado de los delitos graves, “a fin de que los probables responsables de la comisión de un hecho ilícito enfrente el proceso penal en prisión preventiva, y de esta forma se pueda modificar parte esencial del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, para darle efectividad y evitar la impunidad”.
Este ha sido uno de los llamados reiterados hechos por el gobernador José Antonio Gali Fayad y el alcalde de Puebla Luis Banck Serrato, quienes coinciden en que al dejarse la posibilidad de que los presuntos delincuentes lleven su proceso en libertad fomenta la reincidencia, y es uno de los factores principales en el incremento de la incidencia delictiva en el último año.
Los diputados poblanos además exhortaron al Congreso de la Unión que en uso de sus facultades requieran al Comité para la Evaluación y Seguimiento de la Implementación del Nuevo Sistema, el Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y a la Conferencia Nacional de Procuradores, que entreguen los informes semestrales de la operación del sistema de justicia oral, y que éste se haga público a las entidades federativas, de manera que se puedan identificar las áreas de oportunidad y las deficiencias que se tengan.
