Por Shanik David
Una vez más la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Buap) se negó a entregar la información relacionada con el gasto en publicidad oficial, pese a que es una de las obligaciones marcadas por la Ley de Transparencia vigente, y que la extinta Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) ya ordenó proporcionar dichos datos.
Ya son tres las ocasiones en las que se ha requerido, por medio de solicitudes de información, a la universidad el gasto ejercido por año para la difusión de “actividades sustantivas de la institución, docencia, investigación y extensión y difusión de la cultura”, pero las respuestas recibidas han sido evasivas.
En esta ocasión, la solicitud 186/2017 requería el presupuesto destinado para la difusión antes mencionada, desglosada por año de 2011 a 2016, detallando los proveedores contratados y los montos que se le pagaron a cada uno; para sustentar la petición, se hizo alusión al resolutivo del expediente 28/BUAP-02/2016, resuelto por la CAIP el 23 de junio de 2016, y en el cual se determinó que la casa de estudios debía entregar la información.
Sin embargo, en la respuesta proporcionada por la Unidad de Acceso a la Información se remite a documentos publicados en el portal de transparencia, asegurando que ahí se encuentran los datos requeridos, pero no es así.
Además, en relación al citado acuerdo de la CAIP se indica que “por tratarse de una resolución que se encuentra subjudice no podemos proporcionar algún dato que se derive de los alcances de la misma, en razón de que no ha causado estado”.
Lo que se omite es que el expediente sigue abierto en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Puebla (ITAIP) debido a que a más de un año no se ha dado respuesta pese al ordenamiento, por lo que no se ha podido dar por concluido el asunto.
Estas evasivas han sido una constante cuando se piden los reportes de gastos de promoción, esto a pesar de que la primera solicitud de información se presentó en agosto de 2015 en la cual se pedía el listado de los convenios o pautas publicitarias; estos fueron negados bajo el argumento de que sólo se firmaban contratos para la difusión de las actividades sustantivas de la Institución, docencia, investigación y extensión y difusión de la cultura.
Ante esto se presentó una segunda solicitud en enero de 2016, en la cual se notificó que los datos de los gastos de difusión estaban disponibles en los informe de la Tesorería, pese a que en estos documentos no se incluían los datos requeridos, por lo que se llevó el asunto ante la CAIP que abrió el expediente 28/BUAP-02/2016.
Fue la comisionada Gabriela Sierra Palacios quien analizó el asunto y determinó ordenar a la universidad responder la solicitud pues no se justificaba la negativa para dar el desglose requerido, además que los sujetos obligados deben documentar las adquisiciones, arrendamientos o servicios que contraten, es decir los pagos a los proveedores deben estar archivados en facturas o recibos y se deben dar a conocer los montos.
Pero aunque se tiene este antecedente, una vez más la universidad negó los desgloses sin dar una justificación real.
Por si esto fuera poco hay que recordar que la fracción XXIII del artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado impone la obligación a los sujetos obligados -incluida la BUAP- de transparentar “los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, números de contrato y concepto o campaña”.
