Por Shanik David
Pobladores de San Bernardino Tlaxcalancingo y de la cabecera de San Andrés Cholula han presentado al menos ocho amparos para luchar en contra de la privatización del agua en estas comunidades, medida que, acusaron, demuestra el contubernio que hay entre la empresa Agua de Puebla y las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Juan Carlos Flores Solís, representante legal de los pobladores, comentó que la problemática inició este año, cuando sin haber alguna notificación de por medio, desde marzo habitantes de San Andrés comenzaron a recibir boletas de cobro de la concesionaria a pesar de que sus domicilios no estaban conectados a la red de agua potable que opera la empresa.
En cambio, en Tlaxcalancingo en febrero se presentó un primer amparo en contra de la Ley de Agua del Estado de Puebla, esto a raíz de que Agua de Puebla comenzó a expandir la red de abastecimiento hasta dicha comunidad; en este caso un Juez de Distrito ya otorgó la suspensión definitiva a los quejosos, de tal manera que la particular no tiene facultades en el pueblo.
A manera de respuesta, acusó el activista, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió una serie de órdenes de inspección de los pozos que se tienen en la comunidad para el autoabastecimiento de los pobladores, clausurando uno de estos mientras que en otro caso se presentó un amparo para evitar una acción similar.
Esto, dijo, es la forma como las autoridades coartan el acceso al agua de los ciudadanos de manera que se vean en la necesidad de contratar el servicio con la particular y que esta se quede con las ganancias.
Recordó que de acuerdo con criterios de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ciudadanos tiene derecho a explotar para uso doméstico los pozos que se encuentren en sus viviendas, por lo que no habría razón alguna para que la Conagua quiera clausurar éstos.
Además señaló que al tratarse de pueblos con una alta población indígena, antes de dar cualquier autorización a Agua de Puebla para operar el servicio del agua potable era necesario que se llevara a cabo una consulta a los ciudadanos, la cual no se dio, elemento que ha sido tomado en cuenta por los jueces para fallar a favor de los ciudadanos.
