Por Shanik David
Por segunda ocasión, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales se vio obligado a aplazar la audiencia constitucional del juicio 553/2017 iniciado por Eduardo Rivera Pérez, toda vez que las autoridades señaladas entregaron de último momento documentación que les había sido requerida.
En el acuerdo publicado en el portal del Consejo de la Judicatura Federal se indica que “el Director General Jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y por el Director General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos del Congreso del Estado de Puebla” acudieron al juzgado en la hora y fecha pactada para la audiencia constitucional -programada para el 24 de mayo-, pero en vez de presentar los alegatos correspondientes entregaron informes que les fueron solicitados desde el 8 de mayo pasado, como parte de la ampliación de la demanda que requirió el exalcalde de Puebla.
Dado que como parte del proceso jurídico se tiene que dar vista a la parte quejosa cuando se presentan los informes justificados, el juez tuvo que reagendar la audiencia para el 28 de junio, de tal manera que Rivera Pérez y sus abogados puedan revisar la nueva documentación presentada por el Congreso y la Auditoría.
El expresidente municipal anticipó que se daría un escenario de este tipo, pues tan sólo el pasado viernes presentó un oficio manifestando ciertas inconformidades por los plazos que se les dieron a las autoridades para presentar los informes, según se indica en uno de los acuerdos publicados en el sistema del Consejo de la Judicatura.
Hay que recordar que a principios de mayo, el Juzgado Tercero de Distrito admitió la ampliación de demanda que presentó Rivera Pérez como parte del juicio de amparo (https://statuspuebla.
Ahora se tardará un mes más para que se lleve a cabo la audiencia constitucional, tras lo cual el juez tendría que definir si se otorga o no el amparo al expresidente municipal, quien pidió la protección de la justicia federal en contra del procedimiento que se abrió en su contra por las supuestas anomalías que se detectaron en su cuenta pública de 2013.
