Por Shanik David
Pese a que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Montiel Solana, ha defendido a la empresa Blueicon ante las acusaciones que se han hecho de posibles malos manejos por parte de sus directivos, documentos obtenidos por Violeta Lagunes Viveros ponen en evidencia una posible red de complicidad entre los empresarios.
La panista explicó que ante la negativa del líder empresarial de investigar la situación de los socios con los cuales desarrolla el proyecto My Residence -el cual se encuentra en terrenos que fueron donados por el gobierno del estado al CCE- un grupo de ciudadanos presentaron una serie de solicitudes de información ante instancias federales y órganos judiciales para conocer la situación de la empresa.
Como resultado se obtuvieron reportes de auditorías, embargos, visitas de inspección y hasta amparos presentados por los representantes de Blueicon, Adolfo Ernesto Hernández Martínez y Javier de Lope Francés en contra de posibles órdenes de aprehensión, con lo cual puso en duda la honestidad de los empresarios pues dijo que “si son tan legales y tan listos” busquen protegerse ante posibles procesos penales.
En concreto son cuatro amparos en contra de órdenes de aprehensión los cuales ya fueron sobreseidos o archivados: los 701/2015 en el Juzgado Segundo de Distrito y 966/2015 en el Juzgado Tercero de Distrito, ambos en materia de Amparo Civil, Administrativa, Trabajo y Juicios Federales, además los 184/2016-IV en el Juzgado Cuarto y el 367/2017 en el Juzgado Tercero, los en materia Penal.
Además se registraron otros tres juicios en contra de las formas en las que se llevaron a cabo las revisiones domiciliarias y visitas de inspección, los cuales fueron desechados por los jueces al no encontrar elementos que representaran alguna ilegalidad.
Estos son sólo los juicios concluidos, sin embargo hay otros que siguen en proceso pero dado que todavía no hay una resolución no se pudo obtener la información, comentó Lagunes Viveros.
Además se detectaron al menos cuatro auditorías y numerosas visitas de inspección en empresas radicadas en el estado de Puebla, las cuales han resultado en embargos de centenares de bienes muebles e inmuebles, pero dado que se obtuvieron versiones públicos de los documentos oficiales se testaron -es decir, se tacharon- los montos de los embargos y qué fue lo que se aseguró.
Ante esto, retó a que Montiel Solana rescinda los contratos y convenios que se tienen con los empresarios, la empresa Blueicon y cualquier otra compañía vinculada con éstos, pues aunque se trata de un proyecto privado implica la explotación de particulares de un terreno que solía ser propiedad del gobierno del estado.
