Por Shanik David
Los hechos violentos que se han dado en los últimos días, y en particular el alza en el robo de combustible y la presencia de bandas huachicoleras, fueron el tema central de cinco puntos de acuerdo que se presentaron este martes en el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Destaca éstos fueron presentados por representantes de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional; este último fue firmado por la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, prima de Margarita Zavala Gómez del Campo.
En los documentos se exige de manera enérgica que ninguno de los casos que se han dado en la última semana queden impunes, ni el enfrentamiento en Palmarito Tochapan ni el caso de la familia que fue atacada en la autopista México-Puebla.
PRI pide justicia por militares caídos en Palmarito
Dentro de la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente se publicaron tres puntos de acuerdo firmados por el Partido Revolucionario Institucional, uno a nombre de la fracción de senadores y otros dos presentados de manera individual por legisladores del grupo.
En la propuesta de los senadores del PRI se condena la agresión que sufrieron los militares y elementos de la policía estatal durante el operativo de Palmarito Tochapan la semana pasada, y se “exhorta al gobierno del estado de Puebla, para que a través de las instancias correspondientes, fortalezca y amplié sus estrategias de prevención y combate frontal del robo de combustible en la entidad”, y se exige que los hechos del pasado miércoles se investiguen a fondo.
Para justificar la petición, los senadores hacen un recuento de los hechos que se dieron la noche del 3 de mayo y las detenciones que se ejecutaron, y aunque se reconoce que el robo de combustible no es un problema que se dé sólo en Puebla se señala que este es un tema que no se tiene que minimizar.
“Para ponderar la magnitud de este ilícito, cabe señalar que este delito tiene repercusiones de diversa índole, como son las finanzas públicas (genera pérdidas por más de 40 mil millones de pesos), cuestiones ambientales (al utilizar materiales inadecuados en su perforación y extracción puede generar incendios) y por supuesto, de seguridad pública, vulnerando a la población que se encuentra expuesta a ser víctima de ataques, lesiones e incluso de homicidios”, se detalla en el documento, en el cual además se indica que en 2016 se detectaron mil 533 tomas clandestinas en el estado.
“Además, el gobierno de la entidad dio a conocer que al cierre del primer cuatrimestre de 2017 se ha logrado el decomiso de 2 millones de combustible robado, un millón 200 mil litros más que en el mismo periodo del año pasado. Esto, aunado al problema de los huachicoleros, evidencia la forma en la que el crimen organizado ha supera a las instituciones de seguridad pública de la entidad”, se asienta.
Algo similar se expresa en el punto de acuerdo que presentó el senador priista Jesús Casillas Romero, en el cual también lamenta los hechos que se dieron en Palmarito Tochapan hace una semana y se exige que se llegue a fondo, pues este caso, afirma, “demuestra la calada de quienes socavan la paz y tranquilidad de todos, demostrando la falta de escrúpulos y respeto por la vida ajena, en este caso, de los valerosos soldados asesinados”.
En la proposición, el legislador resalta la labor de los militares que participaron en el operativo, quienes se vieron sobrepasados por los delincuentes que usaron a mujeres y niños como escudos humanos.
“Las bandas del crimen organizado han diversificado sus fuentes de ingreso mas allá del narcotráfico, dedicándose también a la extorsión, secuestro y al robo de combustible en los ductos de PEMEX. Lamentablemente Puebla es uno de los estados con mayor incidencia, misma que parece recrudecerse cada vez mas”, lo cual no sólo genera pérdidas para la paraestatal, sino también que causa la pérdida de vidas humanas, señala el senador.
Dentro del punto de acuerdo se propone reconocer el trabajo de los elementos del Ejército que participaron en el enfrentamiento del pasado miércoles, al momento que repudia la actitud de los delincuentes de usar a mujeres y niños pues esto ocasionó que las fuerzas militares no pudieran responder de manera adecuada.
Además de pide “a la Procuraduría General de la República para que este ataque no quede impune, se esclarezcan los hechos y se castigue legalmente a los responsables”.
También Benjamín Medrano Quezada, diputado del PRI, condenó los hechos de Palmarito Tochapan y el asesinato de cuatro soldados a manos de los grupos delictivos.
En su proposición destaca que los uniformados caído eran “cuatro servidores públicos que habían acudido en auxilio de las autoridades locales para poner freno a la sustracción ilegal de un bien que es clave para el desarrollo del país”.
Sin embargo, reprocha que pese a la situación que se vive en Puebla haya grupos que se oponen a que se envíen a más elementos del ejército a Puebla, “ignorando con semejante despropósito que la necesidad de preservar el orden no puede sincronizarse con el reloj de la competencia política”, lo cual calificó como una “necedad”.
“Tiene que intervenirse en las comunidades afectadas por el saqueo de combustibles, a efecto de restaurar la gobernabilidad perdida y revertir el proceso de entendimiento entre delincuentes y ciudadanos comunes, que permite que éstos últimos se conviertan en protectores de aquellos, con la consiguiente perversión de los valores que rigen la conducta social” insiste el diputado al defender no sólo la presencia actual de elementos del Ejército en Puebla, sino también la necesidad de que se envíen a más uniformados para estas labores de combate.
PRD pide reforzar estrategias contra huachicoleros
Por separado, los integrantes del grupo parlamentario del PRD expresaron su preocupación sobre la situación en general del robo de combustible en Puebla, situación que, señalaron, tiene que se combatida de manera coordinada por los diferentes niveles de gobierno.
En concreto, los legisladores del sol azteca piden que el gobierno de Puebla, así como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público definan “ una estrategia para el adecuado e integral combate a la crisis de robo de hidrocarburos en el Triángulo Rojo, con una visión de respeto a los derechos humanos y reconstrucción del tejido social”.
Los perredistas apuntan que el llamado Triángulo Rojo es “la zona donde más prolifera” el robo de combustible en el estado, y uno de los puntos de mayor preocupación del país.
Además se citan algunos datos de Pemex Transformación Industrial, como el que en 2016 se registraron pérdidas por 30 mil millones de pesos por este delito, además que el año pasado se sellaron seis mil 873 tomas clandestinas
“Esta situación ha llegado a niveles alarmantes, como lo ocurrido el pasado 3 de mayo, cuando cerca de 600 policías estatales y 400 militares, dos helicópteros patrulla y equipo artillado ingresaron a la comunidad de Palmarito Tochapan”, se indica.
Pero, contrario a lo solicitado por los priistas, los representantes del PRD se posicionan en contra de los anuncios que se han hecho de aplica “mano dura” o aumentar la presencia de militares en el estado, pues afirman que esta no es la mejor solución.
“Desde el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hacemos un llamado a replantear la estrategia para combatir a la delincuencia organizada, en especial este tipo de delitos, para que la misma sea dirigida a la reconstrucción de un tejido social, además del combate y captura de presuntos responsables” solicitan.
Que PGR investigue agresión de la autopista, pide panista
Otro de los temas que generaron controversia la semana pasada fue el caso de una familia que fue atacada en la autopista México-Puebla, resultando en la muerte de un niño de tres años y la violación de dos mujeres -entre ellas una niña de 14 años-, el cual también se llevó ante la Comisión Permanente.
Fue la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del PAN, quien exigió que este tema no quede impune, para lo cual se pide que sea la Procuraduría General de la República quien investigue el caso
Describe que fue el 2 de mayo por la madrugada cuando una familia fue agredida al detenerse en un paradero de la autopista, “los encañonaron y les exigieron que les entregaran su camioneta, pero tras intentar impedir el asalto, uno de los sujetos le disparó al menor de edad. A causa de la lesión por arma de fuego, el menor perdió la vida”.
Si bien describe que las autoridades locales anunciaron que se llevarán a cabo sobre este caso, reconoce que debido a que los delincuentes escaparon por una incorporación clandestina a la autopista no hay grabación de ellos en los equipos de Caminos y Puentes Federales.
Y aunque hace referencia a que una de las primeras líneas de investigación gira en torno a que se trata de un ajuste de cuentas por el robo de combustible, esto no hace que quite el dedo del renglón para exigir que se apliquen las leyes correspondientes para atender a las víctimas e investigar el caso.
