Por Shanik David
Como parte del proceso jurídico que emprendió para combatir el proceso y la posterior sanción que se le impuso, Eduardo Rivera Pérez presentó una ampliación de demanda, por medio de la cual no sólo impugna el retraso en el que incurrieron las autoridades para analizar su cuenta pública, sino también la omisión de no decretar la caducidad de dicho procedimiento.
Fue desde el 3 de abril cuando el exalcalde de Puebla presentó el oficio para ampliar la demanda -esto es días previos a que el Congreso del Estado aprobara su inhabilitación por 12 años y la sanción por 25 millones de pesos-, pero dado que las autoridades señaladas no habían presentado sus informes correspondientes, esta solicitud quedó en espera para ser analizada.
Lo anterior se encuentra detallado en el acuerdo que emitió el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, el cual analiza el expediente 553/2017 presentado por Rivera Pérez, el cual fue publicado en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal.
Dentro del acuerdo se describe que fue hasta que el Congreso del Estado, la Comisión Inspectora, la Auditoría Superior del Estado y la Dirección General Jurídica del organismo fiscalizador presentaron sus respectivos informes -los cuales les fueron requeridos por segunda ocasión el 24 de abril pasado-, que se pudo entrar al estudio de la ampliación de demanda, la cual fue admitida pues “ésta se realizó en tiempo, y además, los actos que señala guardan relación con los inicialmente reclamados”.
Aunque en la sección donde se habla de la ampliación no se hace mención de cuáles fueron los criterios señalados por el expresidente municipal, llama la atención que en otro apartado del acuerdo se indica que los actos reclamados son: “a) La omisión de dictar la ‘resolución final’ en el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 131/2016; y b) La omisión de decretar la caducidad del mencionado procedimiento administrativo 131/2016”.
Se estima que el inciso “b” refiere a la ampliación que se presentó, pues desde que se abrió el expediente en el portal del Consejo de la Judicatura Federal sólo se mencionaba el primer agravio.
Sin embargo, esta ampliación podría ocasionar nuevos retrasos en el proceso legal, pues dado que se trata de un nuevo acto que está bajo estudio por el juez, se volvieron a solicitar informes justificados a las cuatro autoridades señaladas, las cuales, hay qe recordar, se excedieron de los tiempos establecidos para presentar la documentación que se les solicitó anteriormente.
Es más, a pesar de que ya se cumplieron los plazos y se presentaron los documentos requeridos, se siguen dando largas, lo cual podría estar relacionado con la “estrategia jurídica” de la que habló el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui hace unas semanas.
Lo anterior, pues aunque fue la Dirección General Jurídica de la ASE la primera autoridad que entregó el informe que se pidió -pues a decir de Aguilar Chedraui se consideró que con eso era suficiente-, ahora con la presentación del resto de la documentación esta misma instancia pidió más tiempo para entregar documentos.
Por medio de un oficio “signado por el Director General Jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por medio del cual remite seis cajas que contienen ‘diversa documentación’ que integra el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 131/2016, y solicita se le conceda una prórroga de veinte días hábiles a fin de remitir las noventa cajas restantes”.
Pese a la petición, el juez consideró que la ampliación era innecesaria pues sólo se pedía documentos relacionados con los actos reclamados, es decir las omisiones de dictar resolución o decretar la caducidad del proceso, por lo que el expediente íntegro no era necesario, por lo que sólo se dieron tres días para presentar los archivos.
