Por Shanik David
Luego de que el gobernador José Antonio Gali Fayad anunció la demolición de la ciclovía ubicada en el carril central de la parte inferior del segundo piso de la autopista México-Puebla, diputados locales si bien agradecieron la medida rechazaron que se vaya a pedir que se rinda cuentas al respecto.
Fue en agosto de 2016 cuando el entonces titular del Ejecutivo estatal, Rafael Moreno Valle, anunció la construcción de dicha ciclovía, la cual sería financiada por las concesionarias OHL y Pinfra, las cuales fueron las responsables de la construcción del segundo piso.
Y aunque se había dicho que no se requerían recursos para la misma, a principios de abril de este año el subsecretario de Infraestructura, Xabier Albizuri Morett, dio a conocer que se necesitaban 50 millones de pesos para la pavimentación de las laterales de la autopista y para generar infraestructura para conectar la ciclovía con las vialidades de la zona.
Pese a esta situación, y la poca claridad en cuanto a los recursos que se invirtieron o si en realidad hubo ejercicio de recursos públicos para esta obra, que fue cuestionada desde su origen, legisladores de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática dijeron que lo financiero es secundario.
La coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI, Silvia Tanús Osorio, afirmó que lo principal es que se resuelva a la brevedad el tema de la movilidad sobre esta vialidad, ya que la reducción de carriles tuvo un impacto directo para los trabajadores que tienen que circular por ésta todos los días.
Incluso cuestionó cuál fue el plan detrás de la construcción de la ciclovía, pues esta podría tener un objetivo recaudatorio, pues al reducir los carriles las concesionarias obligarían que los automovilístas usaran el segundo piso para evadir el tráfico y así recaudarían la cuota correspondiente.
“Si se hizo con un fin recaudatorio lesionó a muchos trabajadores y personas uqe tienen que transitar por la parte baja de la autopista, me parece que se tomó la decisión que muchos poblanos solicitamos y pugnamos porque se hiciera”, comentó.
Sin embargo insistió que pese a las cuestiones financieras y las irregularidades detectadas “que primero se arregle y que después se proceda contra quien sea responsable”.
Algo similar expresó Julián Rendón Tapia, coordinador de la fracción perredista y presidente de la Comisión de Transporte, al decir que si bien desde un principio se consideró que la ciclovía era peligrosa dada su ubicación, no se hicieron críticas abiertas al respecto “porque era una obra que ya tenía presupuesto etiquetado” -pese a que, según se anunció originalmente, esta no requeriría recursos públicos-.
En general consideró que la obra fue un error de parte de la administración de Moreno Valle, que fue la que autorizó la intervención de la autopista, pero cuando se le cuestionó acerca de la necesidad de una investigación para deslindar responsabilidades simplemente dijo que las empresas concesionarias se harán cargo del retiro de la infraestructura.
