Por Shanik David
La abogada general de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Rosa Isela Ávalos Méndez es la responsable de que las demandas colectivas que presentaron los jubilados de la institución desde hace dos años sigan estancadas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, acusó el representante legal de los pensionados Abelardo Cuéllar Delgado.
Explicó ha sido por las “chicanadas” jurídicas a las que han recurrido los abogados de la universidad que los expedientes no se han resuelto, por lo que la responsabilidad de este conflicto recae directamente en la Ávalos Méndez; “si el acuerdo que se tomó [de no dar el mismo aumento salarial a los trabajadores jubilados y a los activos] estuvo apegado a la ley entonces que dejen avanzar el juicio” retó.
Sin embargo, dijo que estos retrasos orquestados por la instancia jurídica de la BUAP responden al temor que tiene la administración del revés que le daría la JLCA una vez que se entre al fondo de las demandas, pues saben que el haber dado un incremento salarial especial a los sindicalizados en activo va en contra de los contratos colectivos de los tres sindicatos de la casa de estudios, en los cuales se establece que cualquier aumento debe ser proporcional para empleados en funciones y jubilados.
Cuéllar Delgado recordó que en 2015 la rectoría de la BUAP dio un aumento salarial generalizado del 3.4 por ciento, y a un grupo de mil 800 sindicalizados en activo les aplicó un alza adicional del 4.6 por ciento -para quedar en 8 por ciento-.
Si bien fueron los jubilados los que recurrieron a las instancias jurídicas para combatir este trato discriminado, ante el temor de que este tipo de decisiones se vuelvan recurrentes por parte de la universidad, el abogado comentó que también se vieron afectados trabajadores en activo, pero “ante el temor por el ambiente que se vive en la universidad y el miedo de ser despedidos” no se sumaron a las demandas contra la universidad.
A estas irregularidades se suman ahora las medidas dilatorias que ha iniciado la universidad, como fue la presentación de un incidente de personalidad con el cual desconoce a los jubilados como extrabajadores de la universidad, cuestión que ya está siendo apelada con la presentación de la documentación que acredita la relación laboral de los pensionados.
Al respecto, Cuéllar Delgado acusó que aunque fue en 2015 que se presentaron las tres demandas colectivas por este tema, fue hasta febrero de este año que la universidad presentó el citado recurso, justo antes de que se llevara a cabo la primera audiencia del proceso, por lo que además consideró esto como una medida ilegal pues no era el momento jurídico para su presentación pese a lo cual la JCLA lo admitió.
