Por Valentín Varillas
Como estrategia de auténtica supervivencia, en la recta final del sexenio, el grupo que controla la presidencia de la República ha optado por la persecución de ex mandatarios emanados de las filas de su partido, es decir, de los suyos.
De aquellos que en su momento fueron considerados como auténticos baluartes del “nuevo PRI” y que, seguramente, con sus desvíos de recursos y corruptelas aportaron al regreso del tricolor a Los Pinos.
Avaladas sus prácticas por el gobierno federal, hoy ya no son figuras que resulten útiles para los intereses oficiales y vale más colgarlos en la plaza pública, para regocijo de una ciudadanía urgida en creer que el torcido brazo de la justicia mexicana puede enderezarse y cobrárselas a quienes se enriquecieron durante su paso por el servicio público.
Total, la marca PRI es hoy la más devaluada en la política mexicana.
La cacería busca generar beneficios concretos, tanto en lo mediático, como en lo político.
En el primer aspecto, urgen medidas que eviten a toda costa la caída sistemática de la popularidad presidencial, aquella que ha habitado en niveles de mínimos históricos, más de la mitad del sexenio.
La falsa cruzada anticorrupción, según los estrategas, puede ser creíble al aplicarse a antiguos aliados políticos, además de fungir como un efectivo distractor de la opinión pública nacional, en un sexenio desastroso, que la mayoría de nosotros quisiéramos olvidar.
En el aspecto político, con el encarcelamiento de Duarte y Yarrington y la persecución del otro Duarte y Medina, Peña y su grupo parece que pretenden blindarse ante potenciales deslealtades de sus correligionarios en la coyuntura del 2018.
Para nadie es un secreto que un importante grupo de militantes del tricolor, inconformes con el trato que les ha dado “su presidente” y sabedores de la enorme posibilidad de que se amarre un gran pacto con otras fuerzas políticas, para entregar el poder a cambio de impunidad, preparan un gran éxodo que podría debilitar, aún más, al partido en el poder.
La premisa se basa en la teoría de que el veracruzano apoyó a Morena en la elección estatal del año pasado para evitar que el “otro Yunes”, César, el priista que también es su enemigo jurado, llegara al poder.
Dividir el voto opositor fue fundamental para la victoria de Miguel Ángel, en una elección cerrada, que al final fue de pronóstico reservado.
El mensaje es claro para reales o potenciales traidores : tendrán que aguantar hasta el final en el redil o atenerse a las consecuencias.
¿Cuántos más serán presionados así?
Pienso en el caso de Manlio Fabio y sus constantes guiños con el proyecto de López Obrador.
¿Apretarán a Pavlovich en Sonora para garantizar su permanencia en un barco que luce de antemano hundido?
¿Valdrá la estrategia para puro priista o tal vez se aplique , en caso de emergencia, para otros ex gobernadores de distinto signo político, pero con fuerte capital electoral?
Desde cualquier ángulo, el asunto parece demasiado arriesgado y con muy poca rentabilidad potencial.
Y es que, para Peña y sus aliados, puede convertirse en un peligroso bumerang que impactaría de lleno en la nomenclatura política actual, con efectos devastadores para ellos.
Al final, con la misma vara serán medidos en el cortísimo plazo y entonces si, ni sus más leales aliados meterán las manos por ellos.
