Por Shanik David
Dentro del dictamen de la cuenta pública de Eduardo Rivera Pérez por medio del cual se le inhabilitó por 12 años y se le impuso una sanción de 25 millones de pesos, se emiten observaciones en al menos tres proyectos que se ejecutaron en conjunto con el gobierno del estado, y que en total suman 100 millones 733 mil pesos.
Dichas obras consisten en los proyectos de pavimentación con concreto hidráulico que se desarrollaron de manera constante durante la primera mitad del sexenio de Rafael Moreno Valle, y en el cual se manejó un esquema de Peso a Peso en la mayoría de los casos, mientras que en otros se llegó a acuerdos con el ayuntamiento para el desarrollo conjunto de las obras.
Bajo este último concepto se encuentra la pavimentación con concreto hidráulico de la avenida 11 Norte-Sur, la cual fue seccionada para que fuera desarrollada por partes por los dos niveles de gobierno: al estado le correspondió el tramo de la 105 a la 25 Poniente, mientras que al ayuntamiento le correspondió de la 25 a la 20 Poniente -que implicó un monto de 37 millones 227 mil 229.25 pesos-.
Esta fue una de las obras que fueron señaladas como parte del dictamen de la Audioría Superior del Estado, con algunas deficiencias, tanto en la ejecución de la obra en sí como en la supervisión de la misma.
Sin embargo, llama la atención que si bien el tramo corresponde a la zona más cercana al Centro Histórico, el documento que fue aprobado por los diputados locales presenta un dato que no corresponde, pues se señala que no se justificó la estimación de dos finiquitos “de los reportes de laboratorio: ‘compactación de base hidráulica’ de estos justiciar del tramo entre la 51 Poniente y José María Morelos carril derecho porque no se cumple el grado de compactación del 95 % solicitado en el proyecto (…), compactación de base hidráulica de estos justificar del tramo entre 55 Poniente y José María Morelos carril izquierdo porque no se cumple el grado de compactación del 95 % solicitado en el proyecto (sic)”.
Es decir, se le imputan faltas de justificación por deficiencias en la obra del tramo que le correspondió al gobierno del estado y que no estuvo a cargo de la administración municipal.
Otra de las obras de concreto hidráulico en la que la ASE detectó supuestas anomalías fue el proyecto del Camino de Tlaltepango, por un monto de 19 millones 975 mil 100.05 pesos, obra ejecutada en conjunto con el gobierno del estado, y de la cual, se indica, no se remitió documentación comprobatoria y justificatoria de los precios unitarios.
Algo similar se reportó del proyecto de la Calzada Zavaleta, que costó 43 millones 531 mi 4.45 pesos, invertidos en colaboración con la administración de Rafael Moreno Valle.
En concreto, en el dictamen de la cuenta pública se señala un daño patrimonial de 12 millones 708 mil 508.38 pesos, correspondientes a saldos de cuentas de Impuestos, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos de Tipo Corriente y Aprovechamiento de Tipo Corriente, los trabajos de supervisión externa técnica, topográfica y control de calidad para de la pavimentación de la 11 Norte-Sur y supuestas irregularidades en cuestiones de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, en cuanto a los convenios de transacción para la realización de diagnósticos en el marco de los Programas Integrales Urbanos Sociales (PIUS) para el Barro de Santiago, las colonias Clavijero/Ampliación Historiadores, Jardines de San Manuel, El Refugio/Santa Anita, Santa Lucía Altamirano, San Bartolo, Guadalupe Hidalgo, Constitución Mexicana, Miguel Hidalgo, Xacxamayo, Ferrocarriles, Del Valle, Popular Castillotla, Popular Emiliano Zapata y Popular Coatepec y las juntas auxiliares Ignacio Romero Vargas, San Miguel Canoa, San Sebastián de Aparicio/3 de Mayo, Santo Tomás Chaultla y San Baltazar Tétela.
En este rubro además se detectaron anomalías en la entrega de fertilizantes, la compra de un predio en San Miguel Canoa para obras educativas, planeación operativa de los programas de las direcciones y staff dando cumplimiento al contrato de mejora continúa correspondiente al mes de junio, construcción de tableros de control que contiene cuadro de metas y fichas por cada una de las direcciones y staff, es decir cuestiones meramente del trabajo administrativo de la dependencia municipal.
En cuanto a las deficiencias administrativas estas fueron las de mayor costo pues alcanzaron los 288 millones 336 mi 736.38 pesos, entre las cuales se encuentran, además de las tres obras citadas anteriormente, supuestas irregularidades en licitaciones de trabajos de bacheo, la construcción del BioParque la Calera, los trabajos del Corredor Catedral-Paseo Bravo, licitaciones para la elaboración de proyectos ejecutivos para la rehabilitación de vialidades y manifiestos de impacto ambiental, la remodelación de la rotonda La Paz, la pavimentación con concreto hidráulico del acceso lateral del bulevar Esteban de Antuñano en la zona de la Recta a Cholula, recursos del Subsemun, reparación de luminarias, contratación de servicios de vigilancia y custodia de edificios públicos, cursos y diplomados policíacos, construcción de colectores pluviales ejecutados en conjunto con la Comisión Nacional del Agua, acciones del programa federal Rescate de Espacios Públicos, por mencionar algunas.
