Por Shanik David
Al subrayar que fue responsabilidad de Eduardo Rivera Pérez la forma en la que se resolvió el expediente de su cuenta pública correspondiente a 2013, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Jorge Aguilar Chedraui enfatizó que la sanción que se le impuso al exalcalde de la capital es una cuestión administrativa y no política.
Esto frente a los señalamientos hechos por el propio Rivera Pérez en entrevistas radiofónicas y en redes sociales, donde afirma que tanto los diputados como la Auditoría Superior del Estado habrían incurrido en actos irregulares o incluso de corrupción para atacarlo sólo con la finalidad de dañar su imagen política y la de la candidata a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, de quien es coordinador de campaña.
“Me apena que el tema administrativo lo quieran llevar al pleno de lo político, la sociedad pide rendición de cuentas”, refirió el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, al considerar irresponsable ver este asunto desde una perspectiva política, pues simplemente se trata de llamar a un funcionario a que explique el ejercicio de recursos públicos.
Además, rechazó de manera tajante que se haya incurrido en algo irregular, y que en todo caso tendría que ser Rivera Pérez el que “tendrá que dar aclaraciones sobre posibles actos de corrupción, él abrió esa puerta al no intentar siquiera solventar las observaciones, a no acudir a la audiencia de ley con material suficiente y hacer acusaciones directas, él tendrá que enfrentar las explicaciones que se podrían presumir de corrupción”.
Además señaló que el exacalde lo que hace es criticar el proceso pues “cuestiona si se selló o no un documento” pero que no intentó solventar ninguna de las observaciones que se le hicieron, esto a pesar de que en enero acudió a la ASE a entregar la documentación que se le había requerido.
Las observaciones que Aguilar Chedraui comentó que quedaron sin aclarar están relacionadas con la integración de expedientes de obras públicas, falta de finiquito de contratos, que no se cumplieron con especificaciones de algunas obras en cuestiones de longitud, ancho o espesor, por mencionar algunas.
Aguilar Chedraui señaló que fueron 300 millones de pesos los que no se lograron aclarar como parte del proceso administrativo, por lo que en el dictamen que se aprobará este viernes se señala un daño patrimonial por 12 millones 798 mil 508 pesos, y una sanción económica por la misma cantidad, por lo que Rivera Pérez se vería obligado a pagar 25 millones de pesos.
