Por Shanik David
En la actualidad, seis de cada 10 transacciones inmobiliarias que se llevan a cabo en el estado de Puebla son realizadas por personas que no tienen la preparación, conocimiento o incluso “escrupulos” para llevar a cabo este tipo de tratos de compra-venta o de renta de inmuebles, lo que pone a la población en riesgo de ser víctimas de fraudes.
“En Puebla no tenemos memoria” sentenció Luis González Cortesano, asesor jurídico de la asociación Bolsa Inmobiliaria de Puebla, al recordar que tan sólo hace unos años se hicieron públicos los fraudes cometidos por los hermanos Tiro Moranchel por medio de las empresas Sitma e Invergroup, pese a lo cual este tipo de situaciones se siguen dando pues en ocasiones no se tiene el cuidado al hacer este tipo de operaciones.
Estos inmobiliarios informales no tienen ni oficinas ni cumplen con la documentación necesaria para poder desempeñar este tipo de servicios, lo que ocasiona que cuando los clientes tienen algún problema con el inmueble comprado o arrendado ya ni contestan el teléfono, aunque este no es el único riesgo de las personas que acuden a inmobiliarias no acreditadas.
“Se pueden ver objeto de operaciones de extinción de dominio por parte de las autoridades u operativos sin que quienes les vendieron el inmueble den la cara”, explicó el abogado, al señalar que la presencia de estos informales se debe en gran medida al crecimiento del sector inmobiliario en el estado.
Pese a esto, indicó que más de la mitad de las compras se hacen por esta vía, por lo que consideró que los informales “le están comiendo el negocio” a los empresario inmobiliarios que si están en norma.
Ante esta problemática consideró positiva la creación de la Ley que Regula la Prestación de Servicios Inmobiliarios que se encuentra en análisis en el Congreso del Estado, pues dijo que ésta servirá para evitar que se den nuevos fraudes debido a que tiene que se establece un organismo que los regulará además que los inmobiliarios tendrán que integrarse a un padrón y rendir cuentas al gobierno del estado.
Sin embargo, destacó que es necesario que los diputados antes de aprobar la iniciativa se abran al diálogo con los empresarios del sector para conocer sus necesidades, pues aunque consideran que la propuesta es favorable, hay rubros que consideran que se tienen que reconsiderar.
Uno de estos es que se establece que los inmobiliarios tendrán la responsabilidad de investigar el origen del dinero con el cual los clientes buscan adquirir una propiedad, esto a pesar de que en la actualidad las normas para prevenir el lavado de dinero ya restringe las transacciones con efectivo por hasta 640 mil pesos, transacciones que son monitoreadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
“Tendríamos que preguntar a la persona interesada cuál es el origen de los recursos que tiene, a qué se dedica y cuestiones similares”, explicó el abogado al indicar que es la parte que tendrían que reconsiderar los diputados pues esto tendría que ser facultad del SAT o de alguna otra instancia y no de los empresarios en sí.
