Por Shanik David
El decreto por medio del cual se aprobó la creación del Organismo Público Descentralizado Ciudad Modelo se dio de manera irregular y con vicios legales, pues de entrada dicho documento no incluye lo que se había estipulado originalmente en el convenio que firmaron los alcaldes de San José Chiapa, Rafael Lara Grajales, Nopalucan, Soltepec y Mazapiltepec en octubre de 2015 para sumarse al proyecto de Audi.
Por ejemplo, en el decreto se indica que los ayuntamientos de la zona no podrán cobrar impuestos o servicios por un período de 30 años, pues esto estaría en facultad del OPD, a pesar que esto no se pactó originalmente, además que hay jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las que se afirma que no puede haber un organismo intermedio entre las autoridades municipales y los ciudadanos para el cobro de impuestos.
Esto lo indicó el abogado Lucío Ramírez Luna, quien es el asesor legal de los alcaldes de Soltepec y Mazapiltepec en el proceso de las controversias constitucionales que presentaron ante la SCJN en contra del decreto, pues además afirman que éste violenta la autonomía municipal.
Explicó que lo que se busca con este proceso es que se invalide el decreto y, en consecuencia, sea necesaria la emisión de un nuevo acuerdo por medio del cual, ahora sí, se tome en cuenta a los ayuntamientos de la región, pues estos en sí no se oponen a la llegada de Audi ni al desarrollo que esta empresa traerá consigo.
Sin embargo, señaló que fue irregular la forma en la que se dio la conformación del OPD, pues cuando se firmó el convenio para que los alcaldes de los cinco municipios en cuestión se sumarán al “desarrollo urbano” de Audi, se les convocó a una reunión y se les pidió que firmaran el documento “como un favor” al entonces gobernador Rafael Moreno Valle, pero por la premura no se les dio oportunidad de leerlo, analizarlo ni mucho menos sesionar con sus respectivos cabildos para pedir la autorización necesaria.
Por esta razón se presentaron los recursos de controversia constitucional por cada ayuntamiento, las cuales buscan nulificar el decreto, por la vulneración de la autonomía municipal, pues incluso dentro del OPD no hay presencia de los ayuntamientos que formarían parte del desarrollo de Audi.
Y si bien este miércoles se dio a conocer que se obtuvo una suspensión como parte del proceso ante la SCJN, el abogado aclaró que esto es normal en este tipo de juicios, pues al igual que en el amparo se dan las suspensiones provisionales para proteger al quejoso y después investigar el fondo del asunto.
Además subrayó que la suspensión fue hacia el decreto en sí, es decir, las facultades que tiene el OPD en los dos municipios, y que no se trató de alguna suspensión de obras pues en estas dos demarcaciones no se ejecutan proyectos de infraestructura.
Ramírez Luna comentó que se llegará al fondo con estos procesos pero que esto no implica que estén cerrados al diálogo, por lo que están dispuestos a reunirse con las autoridades si durante el proceso el gobierno del estado demuestra apertura para negociar con los alcaldes y hacer modificaciones al decreto para garantizar la autonomía y participación de los ayuntamientos.
Sin embargo, apuntó que en caso de que se obtenga una sentencia a favor de estas controversias, los efectos sólo serían a favor de los dos ayuntamientos que las interpusieron, lo que implicaría que el OPD no operaría en estos territorios.
