Por Shanik David
A raíz de los debates que se han dado en las últimas semanas en relación a la reforma constitucional al artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Puebla por medio de la cual se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua, los diputados locales aprobaron un exhorto para aclarar dicha modificación a los ayuntamientos.
El documento fue elaborado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y en este se indica que, de entrada, la reforma se trató de una homologación a las disposiciones que marca el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que ésta no tiene un fin privatizador, sino simplemente acatar lo que se marca a nivel federal.
Además en el documento se puntualiza que, pese a que en el artículo no se hace mención del manejo del servicio del agua potable por parte de los ayuntamientos, esto no implica que se le quite la facultad a las autoridades municipales, pues no se modificaron los artículos de la Constitución Política del Estado o de la Ley Orgánica Municipal que definen dichas obligaciones.
De manera textual en el punto de acuerdo se indica que se sigue “previendo que los Ayuntamientos de los Municipios tendrán a su cargo la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales”.
En el documento se hace especial énfasis a que no se busca privatizar el servicio del agua potable con la reforma sino que se busca sentar las bases para que todas las personas tengan acceso a este servicio.
Al respecto, el diputado Julián Peña Hidalgo subió a la tribuna para afirmar que si bien la reforma no tiene el afán de privatizar el agua potable en la entidad hace falta hacer una segunda modificación para clarificar el asunto.
Comentó que aunque hay leyes en las cuales no es necesario señalar de manera puntual las facultades de los ayuntamientos y la federación, en este caso dadas las suspicacias que se han dado al respecto sí sería favorable hacer esta puntualización para evitar mayores conflictos.
Sin embargo afirmó que el hecho de que se tenga que aclarar una reforma que hicieron los propios diputados implica que ésta no se hizo bien desde su origen.
Por su parte, Pablo Rodríguez Regordosa coincidió con Peña Hidalgo en cuanto a que sería necesaria una mayor claridad en el artículo, pues este está siendo mal interpretado con fines políticos por grupos que sólo buscan polarizar a la sociedad.
