Por Valentín Varillas
Desde hace poco más de un año y medio, operadores del morenovallismo tienen armados ya procesos legales en contra de importantes miembros de la estructura del Movimiento de Regeneración Nacional en Puebla (Morena).
El objetivo: amedrentar, espantar, inmovilizar y, si es necesario, encarcelar a quienes serán parte importante en la operación política de Morena rumbo a la elección local del 2018.
En la estrategia original, se pensó utilizarlos para el proceso del 2016, en caso de que el crecimiento del partido de López Obrador pusiera en riesgo el triunfo de Tony Gali.
Con la designación del tibio Abraham Quiroz como candidato y la efectividad con la que se echaron a andar las maniobras necesarias para cooptar al abanderado y obligarlo a que moderara su discurso, no fue necesario.
Sin embargo, en la coyuntura electoral actual, las cosas pintan de manera distinta.
Morena es hoy la auténtica amenaza a la intentona del morenovalismo a eternizarse en el poder político poblano.
El novel partido, en congruencia con la imagen y el discurso de su candidato presidencial, se convertirá en el cauce político natural que tomará la inconformidad ciudadana en temas como los abusos en el cobro del agua y fotomultas, las inundaciones, las fallidas obras de relumbrón, la persecución de activistas opositores a proyectos gubernamentales, además de los muy lucrativos negocios que se hicieron al amparo de la corrupción en el servicio público poblano.
Cooptada la mayoritaria izquierda, institucional a través del control absoluto del PRD por el grupo político en el poder, Morena se convierte en la única opción real para los sectores progresistas locales.
Estructura y capacidad de movilización existen de sobra.
Y la tendencia es a la alza.
La fractura perredista es enorme e irreversible.
Liderazgos de lo que queda de ese partido entienden la magnitud de la crisis, por lo que será inminente un nuevo éxodo de militantes a las filas de Morena.
En este contexto, se entiende la estrategia oficial de intentar debilitar su potencial electoral a como dé lugar.
Y se hará privilegiando la especialidad de la casa: la implacable persecución de “enemigos”, salpicada de las más diversas amenazas.
Lo de menos es que existan o no elementos jurídicos para proceder de esta manera.
Con el control total de las instituciones que procuran y administran justicia en Puebla y el cerco mediático que privilegia únicamente los temas que abonan a la imagen gubernamental, perseguir jurídicamente a quienes representan una amenaza política al nacimiento del nuevo maximato, parece ser una opción más que viable.
Sin embargo, el potencial costo social de lo anterior, puede ser devastador.
Intentar ir en contra de la voluntad del electorado potencial, a través del uso y abuso de las instituciones del estado, sería un peligroso boomerang que traería mucho más dolores de cabeza que beneficios al actual grupo en el poder.
