Por Shanik David
El hecho de que el acceso al agua ya sea considerado como un derecho humano en la Constitución Política del Estado obliga a las autoridades no sólo a garantizar el abasto del líquido, sino que este no puede se puede manejar como una mercancía, afirmó el diputado Julián Peña Hidalgo.
Con este argumento, el legislador de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para reformar la Ley del Agua para el Estado de Puebla de manera que se elimine la participación de las empresas en el manejo de los servicios de agua potable.
La propuesta implica eliminar lo relacionado a la participación del “sector privado” en los artículos 29, 30 y 31 de dicha ley, los cuales refieren los mecanismos por medio de los cuales las autoridades pueden firmar contratos y convenios para la prestación del servicio, con lo cual quedaría sólo la opción de que este tipo de acuerdos se puedan dar con el sector social.
Si bien Peña Hidalgo indicó que la reforma al artículo 12 de la Constitución no buscaba la privatización del agua en el estado, como lo han argumentado diferentes actores políticos, reconoció que la redacción quedó ambigua lo cual ha generado las dudas por parte de la población.
Sin embargo, esta propuesta impondría candados legales para evitar que en otros municipios del estado se den concesiones como la que está vigente en la capital, pues este mecanismos de privatización ha traído repercusiones negativas para los ciudadanos.
Además, dijo, la iniciativa abre la posibilidad para que, en algún momento se pueda recurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o incluso ante cortes internacionales para exigir la defensa de este derecho fundamental.
El diputado fue insistente al señalar que con el reconocimiento de este derecho humano se tendría que prohibir que los prestadores del servicio de agua corten el suministro pues esto representaría una violación a este precepto.
