Por Shanik David
A más de dos años y cuatro meses de que pobladores de San Andrés Cholula y activistas realizaron un plantón en la presidencia de dicho municipio en rechazo a la construcción del parque en la zona arqueológica de Cholula, Roberto Formacio Ramírez es el único integrante del movimiento que sigue bajo proceso penal, a pesar de que él no participó en la toma del edificio público.
Sobre el académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla pesan tres órdenes de aprehensión, las cuales ha combatido con el mismo número de amparos y dos recursos de revisión ante Juzgados y Tribunales Colegiados, y aunque se han aplicado criterios para dejar en libertad a los demás miembros de Cholula Viva y Digna él sigue en riesgo de ser detenido.
Ante esto se presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise el caso de Formacio Ramírez, y será en el transcurso de los próximos días cuando la Primera Sala determine la admisión del mismo.
Al respecto, Juan Carlos Flores Solís, quien funge como abogado del académico -y quien en su momento también fue perseguido por la administración de Rafael Moreno Valle por su participación en el movimiento en rechazo a la construcción del Gasoducto Morelos-, comentó que para que un caso de este tipo sea atraído por la SCJN debe tener una relevancia social, por lo que se tuvo que argumentar que el juicio de Formacio Ramírez podría sentar un precedente para casos similares en todo el país.
Recordó que en la actualidad el activista es procesado por el delito de despojo por la toma del ayuntamiento de Cholula el 6 de octubre de 2014 -pese a que él no estuvo en el lugar de los hechos-, pero que en términos reales no se acredita este delito pues los manifestantes no se adueñaron del inmueble con fines de lucro o para usarlo ellos mismos, sino que fue en ejercicio de sus derechos de manifestación.
De este modo, una vez que la SCJN emita un posicionamiento sobre la inviabilidad de este tipo de imputaciones por manifestaciones pacíficas podría servir para proteger a otros movimientos sociales que tomen acciones similares en todo el país, pues al haber un criterio de la Corte no podrían ser acusados de despojo.
Otro elemento que incluyen en el documento presentado ante la Primera Sala es el hecho de que se violó el principio de igualdad procesal para afectar a Formacio Ramírez; Flores Solís explicó que el amparo por el cargo de despojo se presentó ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, presidido por Manuel Barajas Vélez quien determinó confirmó este delito; sin embargo, en resoluciones previas en recursos presentados por Adán y Paul Xicale y Karina Pérez Popoca lo declaró inexistente.
Esto representa una contradicción por parte del magistrado que tendría que ser analizado por los integrantes de la Primera Sala, insistió el abogado.
