Por Shanik David
Dado que es “inequitativo” que una persona que ya terminó su encargo como funcionario público reciba beneficios pagados con recursos públicos, el diputado Francisco Jiménez Huerta presentó una iniciativa para eliminar los artículos de la Ley de Seguridad Pública que autorizan la asignación de escoltas a los exgobernadores.
Refirió que al año el pago de este cuerpo de seguridad para Rafael Moreno Valle -quien es el único gobernador para quien aplicaría esta prestación que entró en vigor en 2012- costaría al erario dos millones de pesos, dinero que se podría emplear para otras cuestiones más necesarias.
De acuerdo con lo establecido en la citada ley, durante los primeros 12 años después de su mandato, Moreno Valle tendría para su protección a ocho elementos -por turno- de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Fiscalía General del Estado, y después de esa fecha se reduciría a seis el número de escoltas.
Tomando en consideración que en promedio cada uno de estos elementos recibe un salario mensual de 10 mil pesos, al paso de los primeros 12 años se gastarían 24 millones de pesos para la protección de una sola persona, acusó Jiménez Huerta.
Lo que se busca, explicó Jiménez Huerta, es que los escoltas del exgobernador regresen a la SSP y hagan trabajos normales de patrullaje y se protección a los ciudadanos, donde son más necesarios.
Y aunque fue desde 2012 cuando los diputados aprobaron la reforma con la cual se autorizó este cuerpo de seguridad para los exgobernadores, dijo que “nunca es tarde para poder analizar los cambios a las leyes”, además de que refirió que cuenta con el respaldo de la bancada del Partido Revolucionario Institucional para el impulso de esta iniciativa.
En la iniciativa presentada por el legislador priísta se indica además que “la prioridad en estos momentos es de salvaguardar la seguridad y la vida de los poblanos” por lo que no es viable que se destinen tantos recursos económicos y humanos para la protección de una sola personal.
La propuesta en sí busca derogar el Título Décimo de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla -que abarca los artículos del 136 al 143- que refiere al “otorgamiento de servicios de seguridad personal”.
